Jueza complaciente con Ulises y dura con un reo indigente

La jueza Magdalena Narváez, en violación de la Constitución, mantuvo en prisión a un procesado por hurto agravado, pese a compurgar la pena mínima de seis meses de cárcel. Sin embargo, con el diputado Ulises Quintana interpretó la ley de otra forma y ordenó su libertad.

Ulises Quintana dijo que conoce a Javier “Cucho” Cabaña como un empresario de moteles y no como narcotraficante.
Ulises Quintana dijo que conoce a Javier “Cucho” Cabaña como un empresario de moteles y no como narcotraficante.

Por una resolución del 3 de julio último, la magistrada Narváez ratificó la prisión de Lucio Colmán Toledo, procesado por hurto agravado, pese a que el mismo ya cumplió la pena mínima de seis meses que establece la ley para el referido hecho punible. La jueza alegó que estaba latente el peligro de fuga, según lo establecido en el artículo 245 del Código Procesal Penal, atendiendo a que el encausado se expone a una pena elevada que es hasta 10 años de prisión.

La jueza, sin embargo, no tuvo este criterio cuando “analizó” el caso del diputado de Colorado Añetete Ulises Quintana, cuya expectativa de pena como cómplice de narcotráfico era de 5 a 15 años de cárcel.

Narváez se mostró muy complaciente con el legislador colorado y muy dura con Colmán Toledo, para quien no tuvo en cuenta el artículo 19 de la Constitución, que establece claramente que la prisión preventiva “en ningún caso” podrá exceder la pena mínima establecida para el hecho punible, que en este caso es de seis meses.

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Sin embargo, ese mismo artículo 19 de la Carta Magna utilizó a favor de Quintana cuando ordenó su libertad, pese a que el artículo 245 del Código Procesal Penal (hoy derogado) señalaba que no se podía revocar la prisión preventiva en los casos de crímenes. Quintana, además de ser imputado por la Fiscalía por su supuesta complicidad en narcotráfico, los otros cargos son enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.

La jueza también alegó para mantener en prisión a Colmán Toledo, que este no fijó domicilio. Ese argumento fue duramente criticado por el defensor, quien afirmó que el procesado, en la audiencia de imposición de medidas estableció su domicilio y no se demostró que haya mentido a la justicia al respecto.

Apelación

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El defensor público Adrián Emmanuel Arévalos, quien ejerce la defensa de Colmán Toledo, en su escrito de apelación acusó a la jueza Narváez de desconocer la Constitución y la ley al analizar la situación de su defendido en el proceso.

Además, refirió que lo que él solicitó es la revocatoria del auto de prisión y no la aplicación de medidas alternativas como entendió la jueza. Es decir, la misma confundió dos institutos.

“Si no existen requisitos para la prisión preventiva no se puede aplicar medidas alternativas. Si la prisión preventiva ya excedió el plazo de la pena mínima prevista para el hecho que originó las motivaciones de la medida cautelar, no se puede pensar en la aplicación de medidas alternativas a la prisión”, sostuvo el defensor en el escrito que presentó ante la Cámara de Apelaciones.

Fallo del Tribunal

El Tribunal de Apelaciones, Primera Sala, está integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos. Los antecedentes revelan que Colmán Toledo fue privado de su libertad el 28 de diciembre de 2018, por lo que el 28 de junio último cumplió la pena mínima de seis meses que debía permanecer preso.

Los miembros de la Cámara, en consecuencia revocaron la resolución de la jueza Narváez por la cual ratificó la prisión del procesado por hurto agravado.

Los camaristas dispusieron que el encausado fije domicilio y le prohibió que lo cambie sin autorización judicial; además la comparecencia mensual ante el juzgado, la prohibición de salir del país, entre otras medidas.

La revocatoria de la resolución del 3 de julio pasado evidencia que la jueza Narváez interpreta la ley según la cara del procesado.

Para Quintana interpretó de una forma favorable al mismo, pero para Colmán Toledo hizo totalmente lo contrario, pese a que el artículo 19 de la Constitución Nacional dice que en “ningún caso” la prisión preventiva excederá la pena mínima establecida.

Quintana fue incluido en el proceso abierto al presunto narcotraficante Javier Cucho Cabaña. La fiscalía sustentó su imputación en siete conversaciones grabadas con orden judicial, entre Cucho y el legislador, para liberar US$ 190.000 que fueron retenidos en una barrera policial cerca de Coronel Oviedo, sobre la ruta II, Mariscal Estigarribia.

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