En la Cámara de Diputados existirían los números de sobra para ratificarse hoy en las modificaciones del proyecto de ley sobre la publicidad de las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos. Esa modificación implica entorpecer la divulgación de esas declaraciones, ubicando un requisito: la sentencia judicial.
La iniciativa legislativa fue presentada por el senador –nuevamente suspendido ayer– Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) pero fue desnaturalizada por el camino. La Cámara Baja, en sesión ordinaria del 3 de abril había planteado modificaciones al proyecto original por 57 votos a favor y 14 en contra. La alianza para cambiar la norma fue entre cartistas, abdistas, samanieguistas, llanistas, efrainístas y otros liberales. Para ratificarse en su versión precisan de 41 votos de un total de 80.
Los diputados en mayoría optaron por desvirtuar el espíritu del proyecto de ley que pretendía publicitar las declaraciones juradas de bienes y rentas. Ampliaron su alcance e incluyeron que las empresas proveedoras del Estado y de las binacionales también declaren su patrimonio. Además, ratificaron que la publicidad se hará previa autorización judicial.
Cuando se plantearon las modificaciones en Diputados, cartistas y abdistas salieron en defensa de las modificaciones que habían sido planteadas por la comisión de Asuntos Constitucionales. El titular del órgano asesor, Derlis Maidana (ANR, cartista), había defendido el resguardo de las cuentas bancarias de los funcionarios públicos y los datos de los hijos menores.
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Ayer, la comisión de Asuntos Constitucionales emitió dos dictámenes, en el que se aconseja aprobar la versión del Senado y ratificarse en la versión de Diputados. Otro grupo minoritario de la oposición, como el PPQ y la bancada del diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) consideraban que al proyecto de Payo solo faltaba incluir algunos elementos en el formulario como: bonos, fideicomiso, certificado de depósito, etc.
Solo 13 diputados habían acompañado las mínimas modificaciones que fueron introducidas por la comisión de Legislación.
El Senado en segunda vuelta había rechazado las modificaciones introducidas por Diputados. Pero hoy se sancionará la versión que beneficia a los políticos y no a la transparencia.