El 10 de junio pasado la jueza penal de garantías Leticia Paredes resolvió que Lucio Romero y Nery Franco enfrentarán juicio oral por los hechos punibles de estafa y cobro indebido de honorarios.
Los mismos plantearon una apelación general contra dicha resolución. Al respecto los camaristas Emiliano Rolón, Carlos Ortiz y Arnulfo Arias declararon inadmisible la apelación presentada y confirmaron la resolución de la magistrada.
Rolón indica en su voto: “Esta sala tiene sustentado en numerosos fallos uniformes, que la misma, por construcción del sistema, no merece atención en lo sustancial ante el órgano de alzada, en primer término, porque el cumplimiento del principio de oficiosidad permite la continuidad de las actuaciones del procedimiento y en segundo término, porque ni siquiera pueden causar ‘agravios irreparables’, en razón de que aún pueden realizarse correcciones, vía incidental, ante el Tribunal de Sentencia, debido al control horizontal que este ejerce sobre todas las anteriores. A lo dicho debe agregarse que ante elementos probatorios discordantes –de la acusación y defensa– el juzgador primario no tiene otra opción que viabilizar el juicio oral ya que recién en ella, a través de las reglas de debate; examen, contraexamen, los mismos adquirirán eficacia probatoria del cual carecían y en definitiva, se podrá absolver o condenar al encausado”.
Dentro de la causa también se encuentra imputado un tercer “casero”, Reinaldo Chaparro. Con relación a él, la diligencia se realizó el 5 de julio pasado y también la jueza Leticia Paredes resolvió que la causa se eleve a juicio.
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En el expediente también se encuentra imputado el diputado Rivas, por supuesto cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Sin embargo, hasta el momento no se pudo realizar su audiencia de imposición de medidas.
Para el próximo martes Rivas fue citado para dicha diligencia, que desde hace un año se viene posponiendo debido a la cantidad de chicanas que ha presentado el legislador, a partir de su imputación, con el fin de evitar someterse a la justicia.
Pérdida de investidura
La “comisión escrache” presentó una nota el miércoles pasado en la que solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR), el tratamiento en el menor tiempo posible de la pérdida de investidura de tres diputados, entre ellos la de Tomás Fidelino Rivas (ANR) por uso indebido de influencias. Indica que el legislador nombró a tres “caseros” suyos como funcionarios de la Cámara Baja. Alliana refirió que para proceder a ello, uno de los requisitos es que el legislador esté con condena firme y ejecutoriada.