Rivas, quien venía chicaneando el caso desde hace más de un año, se presentó ayer a la mañana ante la jueza, quien le impuso como reglas de conducta la prohibición de salir del país, cambiar de domicilio, debe firmar el libro de comparecencia una vez al mes en el juzgado de Asunción y una fianza real de G. 70 millones, que es el valor de una camioneta que presentó el legislador.
De la diligencia participó el fiscal del caso Luis Piñánez, quien tiene cuatro meses para presentar su escrito conclusivo en el presente proceso, donde el diputado Rivas está imputado por supuesto cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Además de Rivas están acusados sus tres “caseros” (Lucio Romero, Nery Franco y Reinaldo Chaparro), pero el caso de los mismos ya fue elevado a juicio oral y público por la jueza Paredes.
Para estos “caseros” el proceso nunca se detuvo a diferencia del expediente del diputado Rivas, quien chicaneó su situación procesal. Y sus colegas de la Cámara de Diputados ayudaron a dilatar por más de un año el desafuero de Rivas, motivo por el cual no se podía someter a la justicia. Ahora al no existir más incidentes, el diputado ya está procesado.
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