El martes pasado diputados de Añetete, cartistas y llanistas perdonaron a varios intendentes, pese a que en las intervenciones hallaron todo tipo de irregularidades (infografía). Entre ellos resalta el caso de Víctor Bordoli (ANR, cartista), jefe municipal de Humaitá (Ñeembucú), quien fue imputado por robar supuestamente chapas de emergencia y por retener una ambulancia provocando la muerte de un bebé, esto porque sus padres “son liberales”.
Néstor Ariel Araújo (ANR, cartista), intendente de Francisco Caballero Álvarez ex Puente Kyjhá (Canindeyú), estuvo preso por casi un año por vaciar las arcas para pagar cuentas particulares. Ahora el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), justificó que tiene “libertad ambulatoria” y que por ello no merece ser destituido.
Para aplicar este salvataje los diputados ignoraron las acusaciones fiscales, informes de la Contraloría General de la República y dictámenes de comisiones especiales de la Cámara Baja que recomendaban la destitución.
El martes pasado los diputados también salvaron de pedidos de intervención a ocho intendentes, entre ellos a Delia Ramírez (ANR, Añetete), de José Falcón (Presidente Hayes), quien dejó el cartismo y se volvió oficialista para no rendir cuentas de su gestión; y Alfredo Gayoso (ANR, cartista), de Maracaná (Canindeyú), quien está imputado por no rendir cuentas. Es protegido de la diputada Cristina Villalba “La madrina”.
Raúl Mendoza (PLRA, llanista), de San Antonio, está acusado por la fiscalía por presunta sobrefacturación en obras. Alliana señaló de esta manera que aplicarán la misma protección que tienen sobre los diputados con pedidos de pérdida de investidura pendiente. Es decir, afirma que como “no hay condena firme”, entonces no se le puede destituir. Conste que su líder el expresidente Horacio Cartes vetó esa parte de un proyecto de ley de autoblindaje.
La impunidad rige con el acusado diputado Carlos Portillo (PLRA), quien fue grabado pidiendo coima, y el imputado Ulises Quintana (ANR, Añetete), quien estuvo casi un año preso “con permiso”. El imputado Tomás Rivas (cartista) presentó innumerables chicanas por tener caseros de oro pagados por el Congreso.