El jueves 12 de setiembre fue la fecha elegida por los Senadores para tratar el pedido de derogación de la Nota Reversal N° 2/2017, más conocida como Acuerdo Cartes-Macri.
El proyecto de derogación tuvo entrada oficial el 14 de agosto del 2018, y fue presentado por el senador Víctor Ríos (PLRA, efrainista). La propuesta yacía cajoneada todo este tiempo en la Cámara Alta, y más de un año después decidieron desempolvarla para someterla a un debate entre los legisladores de dicha Cámara.
El principal reclamo al documento firmado por el expresidente paraguayo Horacio Cartes con el presidente argentino, Mauricio Macri, es que reconoce una deuda ilegal a todas luces.
Se menciona la cifra de US$ 4.000 millones que Argentina reclama a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por todos los compromisos asumidos desde la firma del tratado en 1973, que incluyen las obras para la construcción de la hidroeléctrica, los intereses, entre otros, considerados ilegales por las autoridades paraguayas.
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“El artículo 14 de la Constitución establece que ninguna ley tendrá efecto retroactivo. Consecuentemente, la República del Paraguay no puede aprobar una ley que, con efectos retroactivos, impone a la población un pasivo de origen espurio, ilegítimo y contrario al Tratado de Yacyretá para privarle a su población de su soberanía política y territorio en el aprovechamiento de los recursos naturales”, argumentó el senador Ríos.
El acuerdo tampoco permite que el Paraguay pueda disponer del 50% de la energía que le corresponde de Yacyretá, ya sea para su uso interno o para venderlo a otros países a precio de mercado internacional.
Solo el Congreso de Paraguay aprobó
La Nota Reversal N° 2/17 fue aprobada únicamente por el Congreso paraguayo, no así por el Congreso argentino, que hasta la fecha no la incluyó en su agenda. El proyecto de derogación del acuerdo Cartes-Macri argumenta, además, que los firmantes por el lado argentino se encuentran procesados por hechos de corrupción, en el caso de “los cuadernos de las coima”, entre los que aparecen Julio De Vido, exministro de Planificación, y Óscar Thomas, exdirector argentino de la EBY. De pagar la EBY la deuda de US$ 4.000 millones, se aplicará la proporción de potencia, lo que significa que Argentina se llevará el 95% del pago por usar más energía y Paraguay se quedará con el resto, que es 5%.