Teniendo en cuenta la sentencia judicial número 24 del 8 de mayo del año pasado, por la cual se ordenó la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos; en los primeros días de junio, la Asociación de Jueces del Paraguay remitió una nota a la Contraloría con la firma de 121 magistrados, solicitando las publicación de sus declaraciones de bienes.
Sin embargo, el 26 de junio pasado, el contralor general Camilo Benítez, remitió una nota al titular del gremio, el camarista Delio Vera Navarro. En dicho documento, explicó que el órgano contralor necesita la autorización personal de cada miembro de la Asociación, “de manera tal que permita salvar la dificultad en la identificación de las firmas consignadas en la nota presentada”.
La nota al gremio de jueces fue acompañada por un formulario que tienen que llenar los magistrados. Además, el documento se dirigió a cada uno de los que supuestamente autorizaron la publicación de sus declaraciones juradas.
La nota Contraloría tuvo ingreso el 27 de junio pasado en la Asociación, pero hasta ahora ni uno solo de los 121 jueces que “apoyaron la transparencia”, respondieron al contralor Benítez.
Entre los magistrados notificados figuran: Delio Vera Navarro, Miguel Castillo, Aldo Ruiz Díaz, Gregorio León, Silvio Martínez, Richard Garay Rosa, Eligio Figueredo, Edgar Martínez, Guido Leguizamón, Néstor Torales, Amado Espínola, María Asunción Godoy, Alicia Barreto, Naida Larroza, Alicia Brizuela, Bárbara Peralta, Matilda Ortiz, Lilian Caballero, Eugenia Alegre, Jode Fernández, Alejandro Paznick, Eduardo Ramírez, Rodolfo Mongelós, César Cáceres, Edith Scosceria, Delsy Santacruz, Rossana Verón, María Del Carmen Giménez, Elsa Rumak.
La lista continúa con Mercedes Balbuena, Élida Bogado, Marian Romero, Liza Alfonso, Osvaldo Maidana, Carlos López, Porfirio Bernal, Osmar Bauza, Claudio Villalba, Nelly Alderete, Cynthia Ramírez, Lilian Servían, Jorge Soto Estigarribia, Carlos Mendoza, Rogelio Frutos, Ulmy Varela, Elisa Sanabria, Nilda Ayala, Cinthia Díaz, Lucia Ibarra, Rosa Martínez, Mirta Granado, Cristi Rojas de Quiñónez, Helen Almada, Liz María Campuzano, Monserrat Vera, Rafael Núñez, Óscar Villalba, Nancy Villalba, Antonio Insfrán, Derlis Rojas, Raúl Ozuna, José Vargas y Camilo Cantero, entre varios otros.
La ley que reglamenta el artículo 104 de las Declaraciones Juradas, solo permite que se den a conocer por orden judicial o requerimiento del Ministerio Público en el marco de una investigación, de acuerdo a documento de Contraloría.
Leyes se contraponen
La Ley N° 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y de transparencia gubernamental” garantiza el acceso a la información pública. Las declaraciones juradas caerían bajo su ámbito de aplicación y serían susceptibles de ser entregadas a la ciudadanía. La referida norma fue sancionada y promulgada posteriormente a la Ley 5033/13 “Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución...”. No obstante, esta última revertiría un carácter especial en la materia con relación a la primera”, apunta la Contraloría en la nota al gremio de jueces.