Acuña explicó que el 24 de setiembre de 2012, Buzarquis celebró un Convenio marco de Cooperación y los Convenios Específicos entre MOPC y ANAS S.P.A. (Anas Internacional Enterprise S.P.A.), firmados en Roma, Italia. El 1er. “Convenio Específico de la Elaboración del Plan de Trabajo en la Región Occidental – Ruta 9” comprometió al Estado Paraguayo (MOPC) por US$ 500.000 para la realización de trabajos en el Chaco con contraprestación a cargo del MOPC. En el 2° “Convenio para la Elaboración del Plan de Desarrollo del Departamento de Ñeembucú”, se comprometió al Estado (EBY) por US$ 100.000.
La fiscala aclaró que ya existían estudios de suelo del territorio del Chaco al momento de celebrarse el acuerdo con la empresa ANAS. Por ende no había necesidad de generar una nueva obligación pecuniaria, que causó un perjuicio de US$ 600.000,00, al MOPC por el aumento del pasivo. “Es decir que ha quedado plenamente demostrado en juicio que los trabajos solicitados a la empresa ANAS eran innecesarios y que no han tenido ningún valor”, refirió Acuña.
Dijo que es importante resaltar que el Convenio no ha concluido, pues la cláusula Cuarta dice que se renueva automáticamente y no existe ninguna evidencia que se haya dado por terminado el Convenio. Agregó que el 29 de abril de 2014 se presentó una nota firmada por el Dtt. Pietro Ciucci, donde menciona que están a la espera de la contraparte económica. “Asimismo ha quedado probado a través de las diferentes pruebas documentales que el MOPC no contaba con el Convenio Marco ni los Convenios Específicos originales, en diferentes dependencias de la Secretaría General y los Departamentos técnicos informaron que no tenían”, enfatizó.
Para la representante del Ministerio Público, el “valor de uso o utilidad” de la prestación de ANAS es nulo para el MOPC, “pues –como se ha demostrado– esta institución ya contaba con estudios de suelo en el territorio del Chaco Ruta 9 al momento de celebrarse el acuerdo con ANAS; por ende resultaba superfluo contratar este servicio. “En términos sencillos “se endeudó al Estado para obtener algo que ya se tenía”, manifestó.
“La existencia de un daño patrimonial se verifica en base al denominado principio del saldo, es decir; en base a una comparación del estado patrimonial inmediatamente antes y después de la conducta que se atribuye al autor. Se afirma un perjuicio, si se constata una disminución del patrimonio, que no haya sido compensada económicamente en forma completa. De esta forma, si una parte o elemento del patrimonio sale o se le carga al patrimonio una obligación, y estas disminuciones no son compensadas por la incorporación de un valor, se afirma el perjuicio”, refirió Acuña para sostener la realización del hecho punible de lesión de confianza por el cual fue acusado el exministro.
La agente del Ministerio Público insistió en que la conducta de Buzarquis es atípica y que está configurada la lesión de confianza, porque el mismo endeudó al país. Sin embargo, el tribunal que juzgó al actual senador no lo entendió así y falló a favor de la absolución del acusado.