Un dictamen técnico de la Contraloría confirma que la licitación para la compra de servicios de seguridad y vigilancia para el Instituto de Previsión Social (IPS) estuvo plagada de irregularidades. En particular, se detectó claro direccionamiento para favorecer a las empresas vinculadas a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro y amigo del exsenador liberal llanista Dionisio Amarilla (destituido vía juicio político).
El documento fue dado a conocer ayer, luego de que el ente contralor remitiera copias al IPS y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Precios de un mismo origen
Uno de los puntos más llamativos del dictamen señala que hubo irregularidades incluso para fijar el precio de referencia del proceso de licitación.
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ABC Color había publicado ya en mayo pasado cómo el precio referencial establecido por el IPS coincidía curiosamente con el de las ofertas presentadas por las empresas de Chamorro.
La Contraloría también detectó esto como un hecho irregular. “Puede concluirse que tanto el precio referencial como el de las ofertas presentadas, provinieron de una misma fuente”, señala el informe.
Direccionamiento
Otro punto resaltado por el ente contralor es que el pliego de bases y condiciones establecido por la previsional resultaba limitante para la libre e igual competencia.
En particular, el ente detectó varios puntos como la exigencia de experiencia que solo las empresas de Chamorro podían cumplir o el requisito de una marca en particular de cámaras de seguridad que solo esas firmas pueden comercializar en el país.
“Puede manifestarse que evidentemente la licitación se realizó de manera direccionada hacia una determinada firma que se encontraba prestando servicio en la entidad previsional”, manifiesta tajante uno de los párrafos.
La Contraloría también cuestiona que Bullers SA, una de las firmas ligadas a Chamorro, se presentara para uno de los lotes como componente de un consorcio y en el otro lote lo hiciera como empresa separada. Esto corresponde a una doble presentación. De acuerdo al ente contralor, esto es una violación a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.
Guardias, sin justificación
La Contraloría también alertó que el IPS estableció en el pliego de bases y condiciones la necesidad de más guardias con respecto a una licitación similar que tuvo lugar apenas dos años atrás, en 2017, el ente solicitaba la cobertura de 304 guardias. Para el llamado de este año, solicitaba un total de 804 guardias, 500 más con apenas dos años de diferencia sin justificación.