Hace ya más de un mes que la ministra Gladys Bareiro de Módica fue designada como preopinante en la acción de inconstitucionalidad que la Contraloría General de la República entabló para seguir escondiendo las declaraciones juradas de las más altas autoridades públicas.
Desde entonces, la causa que ya lleva más de un año en la máxima instancia judicial volvió a quedar varada.
En lugar de priorizar el estudio de una causa vital para definir el futuro del derecho de acceso a la información pública, Bareiro estuvo más preocupada en las últimas semanas por otras cuestiones que poco tienen que ver con la institucionalidad. Por ejemplo, planteó a los demás ministros colgar fotos de ellos en las dependencias judiciales para que los pudieran reconocer; esto debido a que durante una visita a una sede no la saludaron.
Buscan conseguir votos en contra
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Diversas fuentes a las que tuvo acceso ABC Color señalan que el cajoneo del estudio de la acción de inconstitucionalidad tendría como finalidad anular las dos sentencias judiciales que establecen que las Declaraciones Juradas sean públicas.
La intención de diversos sectores políticos y de hasta algunos miembros de la Corte Suprema sería que esa información continúe como secreta y cortar el acceso ciudadano a datos que son vitales para la lucha contra la corrupción.
La intención sería conseguir que los tres ministros que conforman la Sala Constitucional voten a favor de la acción de inconstitucionalidad. Quienes tienen a cargo el estudio del caso son el actual presidente de la máxima instancia judicial, Eugenio Jiménez Rolón; y las ministras Myriam Peña y Gladys Bareiro de Módica.
Bareiro estaría buscando que la votación sea tres a cero contra la transparencia. Si no consiguen esos votos, terminarían rechazando la acción planteada por el excontralor Enrique García.
Además, se estaría buscando congelar la causa hasta principios del año que viene, cuando entre en vigencia la ley 6.355, aprobada por el Congreso y a la que el presidente Mario Abdo Benítez le dio sanción ficta y que puso más restricciones al acceso a esta información.
Con la entrada en vigencia de esa ley tendrán un elemento más para justificar una posible negativa al acceso a esta información.
El Ejecutivo había prometido trabajar en la derogación de esta ley, pero hasta ahora no presentó siquiera el proyecto.
Ministra antitransparencia
Bareiro fue quien propuso a sus colegas presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que establece la necesidad de transmitir las sesiones del pleno de la máxima instancia judicial.
En particular, Bareiro pretendía cortar las transmisiones de las sesiones de la Sala Constitucional, la misma que debe resolver ahora el caso en el que se juega el derecho de acceso a la información.
Deberían ampliar sala
Ezequiel Santagada, abogado del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, reiteró la necesidad de que la Sala Constitucional se amplíe al pleno de la Corte para resolver el caso de las Declaraciones Juradas. “Este caso reviste de un alto interés público”, manifestó.
Señaló que es necesario conocer la opinión de los nuevos ministros de la máxima instancia.