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Llano dijo que en el caso de Arrom, Martí y Colmán hubo negligencia local y “ayuda internacional motivada por cuestiones ideológicas”. Igualmente, dijo que el jefe de la Interpol paraguaya debió comunicar inmediatamente al fiscal de la causa al saber que los tres prófugos de la Justicia de nuestro país quedaron libres.
Llano agregó que los abogados uruguayos (Enrique Falco y Álvaro Garcé) contratados por el Gobierno paraguayo también actuaron de manera poco diligente, al no comunicar lo que estaba ocurriendo. “Hubo negligencia por un lado, en cuanto a los controles que puede ejercer nuestro país en este tema y, en segundo lugar, evidentemente un apoyo internacional de ciertos sectores políticos motivados por cuestiones ideológicas”, dijo.
Por otra parte, el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), dijo que lo ocurrido era una derrota nacional. “Es evidente que la gente encargada de este proceso no tomó los recaudos necesarios para que esto no ocurra; pienso que es una derrota nuestra”, señaló. La diputada opositora Kattya González (PEN) lamentó que una Embajada paraguaya en Uruguay (a cargo de Rogelio Benítez) no sirva para nada. Otros legisladores también despotricaron contra el embajador Benítez.
El diputado Edgar Ortiz (PLRA), líder de la bancada llanista, lanzó duros epítetos contra el embajador uruguayo en Paraguay Federico Perazza y contra el canciller Antonio Rivas, quien se encuentra en Italia. El diputado Walter Harms (cartista) acusó al Uruguay de ser cómplice de secuestradores.