Dicha norma vigente, que se contrapone a las leyes de Transparencia, según expertos en la materia, fue recientemente promulgada gracias a que la Cámara de Diputados forzó la aprobación de una versión que solo permite la difusión por orden judicial.

El texto original del Senado, que habilitaba la difusión sin trámite, fue eliminado en las modificaciones.

El pedido del tratamiento fue agendado para dentro de dos semanas, es decir, para la sesión ordinaria del 24 de octubre, a pedido del senador Stephan Rasmussen (PPQ). Este mencionó que la ley no fue vetada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Las declaraciones juradas de bienes y rentas, que todos los funcionarios deben presentar a la Contraloría General de la República al asumir un cargo público y al abandonarlo, sirven para detectar un eventual enriquecimiento ilícito, comparándolas entre sí y atendiendo los ingresos regulares. Sin embargo, la Contraloría sostiene que dichos documentos no pueden ser divulgados.

La Asociación de Jueces hizo públicas las declaraciones juradas de sus miembros. También el presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano (PLRA), y el expresidente del mismo órgano Silvio Ovelar (ANR, Añetete).

Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia aún mantiene congelada la decisión sobre la publicidad de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos.

Hay a favor dos sentencias judiciales y un dictamen de la Fiscalía General. Hace más de un año que el acceso a la información está trancado.