Por 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención, diputados cartistas, liberales, Carlos Rejala (Hagamos) y el recientemente salvado de una expulsión Ulises Quintana (Añetete), acusado por lavado de dinero y narcotráfico, archivaron el proyecto de ley del Ejecutivo que intentaba reformar sustancialmente la Carta Orgánica de la Policía Nacional.
Si bien los principales operadores para archivar el proyecto fueron los diputados del cartismo, la presencia en sala de un grupo de 18 liberales, entre ellos, el también salvado la semana pasada de una pérdida de investidura Carlos Portillo (PLRA, efrainista), acusado por tráfico de influencias, fue clave para “enterrar” la iniciativa gubernamental.
La principal reforma consistía en conceder ascensos por mérito y no únicamente por antigüedad. Se establecía una serie de requisitos para la evaluación psicológica, psicofísica, la prueba física y la evaluación de confiabilidad o de polígrafo y la preparación académica.
También se restaba poder absoluto al Comandante de la Policía Nacional para determinar el ascenso de comisarios, generales y directores ya que la aprobación final quedaba en manos del ministro del Interior.
El diputado opositor Sebastián Villarejo (Patria Querida) pidió a sus colegas aprobar en general el proyecto y aplazar su estudio en particular, incluso por 60 días. “La dignificación de la Policía Nacional necesita que la meritocracia esté instalada para poder ascender”, indicó.
Asimismo, dijo que actualmente los tribunales disciplinarios son absolutamente discrecionales y subordinados al comandante, y que el juzgado es el que tiene que resolver sobre el juzgador. Es como que de repente el policía corrupto es el mismo que decide qué tribunal va a estar sobre él.
Ante el inminente rechazo, el líder de la bancada de Colorado Añetete, Arnaldo Samaniego, pidió permiso para retirar la bancada por ese punto. Así también lo hicieron diputados de PQ, PEN y algunos liberales.
El diputado Derlis Maidana (ANR, cartista), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, indicó que el proyecto de ley atenta contra el artículo 175 de la Constitución relacionada a la Policía Nacional. Cuestionan que todo el funcionamiento de la Policía y las tomas de decisiones quedarán en manos del ministro del Interior.
También critican que se incluyan a civiles en la Junta de Calificaciones de la Policía Nacional. “Esos son hechos inadmisibles conforme al Art. 175 de la Constitución”, dijo Maidana.