La reacción de los parlamentarios y campesinos que pretenden asentarse en las 1.500 hectáreas que pertenecen a la familia Willirsinn surge luego del anuncio que hizo la semana pasada el líder de bancada cartista, Basilio “Bachi” Núñez, de solicitar en la sesión de mañana dejar sin efecto la aprobación del pedido de expropiación.

Los liberales que defienden el proyecto cuentan con el respaldo de la bancada de Colorado Añetete. Sin embargo, la última palabra para ratificar o rectificar la aprobación la tendrá la mayoría.

El diputado Vera Bejarano, representante del departamento de San Pedro, señaló que la expropiación beneficiará a unas 150 familias que se encuentran en situación de precariedad extrema y que vienen gestionando la obtención de un pedazo de tierra propia desde hace más de 11 años.

Acerca del cuestionamiento sobre que se pretende expropiar una estancia modelo, explotada desde 1982 por la familia Willersinn y que cuenta con una escuela, el diputado liberal dijo que el pedido de expropiación se ampara en el artículo 109 de la Constitución Nacional.

Añadió que no se trata de un proyecto de confiscación como se pretende instalar, pues todo está legalmente establecido; las comisiones están legalizadas, hay dictamen de comisiones y se han arrimado documentaciones a la Dirección de Catastro, Registro de la Propiedad y Cámara de Diputados, que en uso de sus atribuciones ha dado la media sanción.

Los campesinos señalaron que tienen 11 años de lucha para conseguir tierras y que hace 19 años que el Indert no les da. Indicaron que anteriormente se les dio 8 Ha., pero que no son suficientes. Afirman que no están en contra de los ricos y pidió trabajar juntos para trabajar la tierra y que las familias tengan educación y alimentación. El tema divide tanto a liberales como a colorados y la mayoría definirá.

Campesinos casi fueron presos

Todo un revuelo generó en la Cámara de Diputados la presencia del concejal de Tacuatí, Sebastián Alfonso Martínez (Unace) y del dirigente campesino Miguel Agüero, porque los policías asignados a la Cámara hallaron en el sistema que habían violado su prisión domiciliaria, ambos por invasión a la propiedad. Un policía aguardaba atentamente que culmine la conferencia de prensa para pedir la detención de los campesinos. Al final, los efectivos de la Cámara informaron que se habían percatado que en mayo de este año ya se había levantado la restricción.