El juez penal de Garantías Jean Paul López se vio obligado a suspender la diligencia, y la volvió a fijar para el próximo 20 de noviembre, a las 10:00.

Esta es la segunda vez que Bajac presenta un certificado de reposo médico para no afrontar la audiencia en la que se debe resolver si su caso es elevado o no a juicio oral.

La primera vez que fue llamado a la audiencia fue el pasado 19 de setiembre, cuando minutos antes que se inicie la diligencia, su defensa presentó un certificado de reposo por un cuadro de influenza y el entonces juez Miguel Tadeo Fernández volvió a fijar la preliminar para ayer, 23 de octubre.

Pero, una vez más, el abogado Raúl Caballero presentó al juzgado un certificado médico donde constaba que Bajac tiene reposo por 48 horas debido a un cuadro de hipertensión arterial, por lo que solicitaron el aplazamiento de la presencia del exministro ante el juez.

El magistrado López aceptó el pedido, pero ordenó que el médico forense del Poder Judicial se constituya en la casa del acusado Miguel Óscar Bajac para inspeccionarlo, y luego debe elevar un informe al juzgado.

El abogado Caballero señaló que su defendido no estaba en condiciones de afrontar las tensiones de una audiencia, por lo que pidieron la suspensión.

El fiscal Luis Piñánez, quien lleva adelante la investigación, ya presentó acusación contra Miguel Óscar Bajac, por un pedido de una millonaria coima a los representantes de la empresa Cal Agro SA.

En la Corte estaba pendiente de resolución el juicio “Cal Agro SA s/ Resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios por Resp. contractual” y, según la investigación fiscal, el funcionario judicial Rafael Ramírez hizo de intermediario para cobrar parte de la coima, pero fue detenido el 6 de julio de 2018 en la plaza cercana al Palacio de Justicia, con el dinero en mano, tras una entrega vigilada que hizo la fiscalía.

Luego se supo que Bajac pidió la suma G. 3.700 millones y US$ 50.000 para “arreglar” el juicio a favor de la empresa. La fiscalía tienen también unos audios de conversaciones a través de los cuales se pudo saber que aparte de Ramírez también estaban implicados el funcionario judicial Carlos Lesme y el abogado Juan Carlos Ávila y por supuesto Bajac.

La fiscalía pidió juicio oral para Bajac y Ramírez, mientras que Lesme fue beneficiado con una suspensión condicional del procedimiento. El mismo deberá donar G. 1.800.000, por el plazo de 12 meses, a la Casa Cuna.