El IPS anuncia que contratará otra vez el servicio de seguridad privada

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich, anunció ayer que contratarán nuevamente el servicio de seguridad privada, licitación que se frenó en mayo pasado tras un fuerte olor a negociado.

Andrés Gubetich, presidente del  Instituto de Previsión Social (IPS), visitó ayer al jefe de Estado, Mario Abdo.
Andrés Gubetich, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), visitó ayer al jefe de Estado, Mario Abdo.Archivo, ABC Color

Gubetich anunció ayer tras una audiencia con el presidente Mario Abdo Benítez en Palacio de López, que el IPS encargó a una consultora que presentará un informe sobre la contratación por licitación de los servicios de seguridad privada. Refirió que es con el objetivo de no caer en errores del pasado.

El titular del IPS aludió al polémico caso de suspensión a finales de mayo pasado de la cuestionada licitación por valor de G. 140.000 millones para adquirir servicios de seguridad y vigilancia, para lo que contratará a las firmas SST Security Service Technology SA y Bullers SA, ambas vinculadas a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado José Chamorro (ANR).

Gubetich informó que el ente está en un proceso con una consultora que está terminando los informes técnicos para “no cometer los errores en adjudicar a una sola empresa”.

Refirió que en lo que respecta a la seguridad, una será la seguridad física y otra la tecnológica. Dijo que el ente tiene equipos costosos que requieren un resguardo especial.

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“Tenemos un equipo de seguridad interno para ciertos lugares específicos, pero la Policía Nacional nos está dando una mano. Son funcionarios del IPS que están cobrando un salario”, expresó Gubetich. Aclaró que 30 funcionarios del ente se dedican provisoriamente a la seguridad.

Señaló que como una alternativa inmediata, el IPS volverá a tercerizar los servicios de seguridad. Agregó que los resultados de la consultora se tendrán listos este fin de mes.

Tembladeral

El caso de la suspensión de la licitación en servicios de seguridad privada causó un tembladeral político que afectó a funcionarios del Poder Ejecutivo y al entonces senador liberal llanista Dionisio Amarilla, quien fue expulsado de la Cámara Alta, tras un proceso de pérdida de investidura, porque incurrió en uso indebido de influencias, causal establecida en artículo 201 de la Constitución. Amarilla fue grabado terciando a favor de su “partner” Óscar Chamorro Lafarja, un multiproveedor del Estado.

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El caso también arrastró al entonces presidente del IPS, Armando Rodríguez, quien renunció al cargo presionado por las críticas.

Asimismo fueron destituidos de sus cargos de consejeros en la previsional, el exsenador colorado Julio César Velázquez y Édsel González Fariña.

CGR confirmó irregularidades

Un dictamen técnico de la Contraloría General de la República (CGR) confirmó que la licitación para la compra de servicios de seguridad y vigilancia para el IPS estuvo plagada de irregularidades. Uno de los puntos más llamativos del dictamen señala que hubo irregularidades, incluso para fijar el precio de referencia del proceso de licitación.

“Puede concluirse que tanto el precio referencial como el de las ofertas presentadas, provinieron de una misma fuente”, señala el informe.

Otro punto es que limitaba la libre competencia.

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