“Con la designación de un fiscal de Asunción y no de Itapúa para que investigue las denuncias contra el intendente estamos más tranquilos y confiados”, dijo la concejala y exintendenta de este municipio Lourdes López (PLRA), sobre la designación fiscal.
La apertura de una investigación penal por la Fiscalía obedece al resultado de una fiscalización especial inmediata (FEI) realizada por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la ejecución presupuestaria 2017 de gastos genuinos, Fonacide y Royalties de la administración Chávez.
La CGR halló indicios
de perjuicio patrimonial en contra del municipio por un monto de G. 1.008.987.100, según el informe presentado ante el Ministerio Público.
En Otaño un grupo de estudiantes, apoyado por concejales y pobladores, se está manifestando desde el 30 de setiembre en reclamo de una investigación a la gestión de Chávez.
El intendente Chávez como la asesora jurídica de la Municipalidad, María Cristina Morínigo, insisten en que durante la investigación de la CGR les fueron señaladas faltas de carácter administrativo. “Aquí no hay faltante de dinero, nadie se robó nada, y eso lo podemos demostrar con documentos”, señaló en su oportunidad Chávez.