Tal como lo había anunciado el senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA), quien preside la CBI, entregaron toda la documentación acumulada en una investigación de dos meses y las conclusiones sobre el escándalo del Acta Bilateral del 24 de mayo pasado que casi tumbó al presidente Mario Abdo Benítez antes de cumplir un año de gestión.
El jueves pasado, los mismos documentos fueron entregados al titular del Congreso, senador Blas Llano (PLRA), y al presidente de la Cámara de Diputados, diputado Pedro Alliana (ANR, cartista).
La Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento del Acta Bilateral Relativa a la Contratación de Potencia de la Usina Hidroeléctrica Binacional de Itaipú –la denominación completa– no había llegado a una conclusión única por los intereses políticos que representan los parlamentarios que la integran.
Según explicó Ayala el 30 de octubre pasado, tras la sesión en que se dieron a conocer las conclusiones, ocho de los diez miembros dictaminaron que el acta fue lesivo y perjudicial para el Paraguay y para la ANDE, mientras que dos consideraron que no hubo daño.
Destacó que cuatro miembros sentaron la postura de que los responsables del escándalo fue el presidente Abdo, el excanciller nacional Luis Castiglioni y el exembajador paraguayo ante el Brasil Hugo Saguier Caballero, mientras que seis cargaron la responsabilidad únicamente sobre los funcionarios de la Cancillería.
Segunda etapa
La CBI iniciará una segunda etapa en su pesquisa sobre este caso relacionado a Itaipú, según anunció Ayala. El parlamentario opositor, además de afirmar que la comisión investigadora tiene carácter permanente hasta el 30 de junio del 2023, comenzará a indagar sobre la supuesta intención de comercializar la energía de Itaipú a la firma brasileña Leros. Inclusive destacó que iban a reiterar una convocatoria a representantes de la empresa para que den su versión ante la CBI. Según pruebas de comunicaciones telefónicas realizadas, el trasfondo de la firma del Acta Bilateral era la venta a Leros de la energía de Itaipú y que en el negocio estaba involucrado el vicepresidente Hugo Velázquez, que utilizaba como intermediario a Joselo Rodríguez.