El titular de la Comuna lambareña, Armando Gómez, y el exadministrador serán beneficiados con la libertad ambulatoria, según resolvió el magistrado Camilo Torres, quien interina a la jueza Isabel Bracho, actualmente con permiso. No obstante, el juez estableció para cada uno una finanza de G. 1.000 millones, presentarse ante el juzgado del 1 al 5 de cada mes, prohibición de salir del país y tampoco podrán comunicarse fluidamente entre sí.
El agente del Ministerio Público Guillermo Sanabria fue quien se constituyó en el Juzgado Penal de Garantías Nº 3 de la ciudad de Lambaré en representación de la fiscala Laura Romero, quien fue recusada por la defensa de Gómez pero ya fue confirmada nuevamente.
Romero solicitó la detención del intendente de Lambaré junto con el exadministrador de la Municipalidad Roberto Paredes, quien recientemente se vio obligado a renunciar por la presión de los funcionarios que exigen el pago de salario, el cual no perciben desde hace varios meses.
El pedido de la representante del Ministerio Público se debió a que Gómez y Paredes dejaron de asistir a las audiencias fijadas, a pesar de las precisas notificaciones que se les enviaron, según justificó el juez Romero.
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Gómez fue detenido el jueves en la playa municipal de Puerto Pabla.
Paredes y Gómez son investigados por presunta lesión de confianza debido a denuncias presentadas por los concejales de la Comuna por presuntas irregularidades, por un perjuicio a las arcas municipales de G. 1.600 millones, según señalaron desde la Junta Municipal de Lambaré.
Este es solo uno de los ocho procesos abiertos contra Gómez en el Ministerio Público debido a supuestas irregularidades en su administración, las mismas que llevaron a la Junta Municipal a solicitar la intervención de la Comuna lambareña.
“Trasfondo político”, dice abogado
“Yo creo que esto más bien tiene una especie de tinte político. Tanto el intendente como el señor Roberto Paredes tienen constituidos sus domicilios procesales desde el 2017. Ellos ya comparecieron ante el Ministerio Público. A esta altura ya no me extraña que la gente produzca alguna cosa para justificar eso que es injustificable”, señaló el abogado José Valenzuela, defensor del intendente lambareño, quien insistió en el trasfondo político de la causa.