El diputado Sebastián García (Patria Querida), quien aclaró que no hablaba a nombre del Poder Ejecutivo, destacó que con la creación de la EAS se busca facilitar la concreción de negocios en nuestro país, como ocurre en otras partes del mundo. Señaló que en la actualidad se requieren de 30 a 35 días para formalizar las empresas, pero que con la ley ese plazo se reducirá a un máximo de 72 horas.

La ley sancionada es parte de un paquete que proyectos presentado por el Ejecutivo, por lo que varios diputados que estaban a favor se vieron obligados a aclarar que no eran voceros del presidente Mario Abdo Benítez.

García dijo que la legislación es la aplicación en el país de una experiencia colombiana y últimamente Argentina.

También argumentó que los diputados con su voto debían dar una clara señal de apoyo a la gente emprendedora y que el Estado sea un facilitador de los negocios y no un obstáculo como es actualmente.

Los diputados Justo Zacarías Irún (ANR, cartista) y Arnaldo Samaniego (ANR, Añetete) también se pronunciaron a favor de la sanción del proyecto de la EAS, ya aprobado en el Senado, y aseguraron con el nuevo mecanismo jurídico el Paraguay entrará “en la modernidad” en cuanto a habilitación de empresas. El diputado Walter Harms (ANR, cartista) mencionó la necesidad de seguir ejemplos de otros países que facilitan la creación de empresas, como Chile, donde en tres a siete días se puede habilitar una firma, según sus datos. Destacó que en Georgia se puede formalizar una empresa en un solo día y en una sola oficina.

Los legisladores que pidieron la aprobación del proyecto alegaron que con la EAS se fomentará y dinamizará la creación de pequeñas y medias empresas.

Los diputados liberales Celso Kennedy y Celeste Amarilla expresaron sus críticas al proyecto. Kennedy aclaró que estaba a favor de la EAS, pero dijo que veía que la figura jurídica podía dejar nuevamente vulnerables a las sociedades anónimas del dinero ilegal. Amarilla indicó que no entendía la intención del Ejecutivo ni la necesidad de la ley porque ya existe la figura jurídica de las “sociedades simples” que puede ser perfectamente aplicada. Finalmente, la ley se aprobó por unanimidad. El Ejecutivo tiene un año de plazo para la reglamentación de la ley una vez que la promulgue.