Dicha propuesta busca identificar el origen del dinero que utilizará cada candidato en las elecciones internas, atendiendo la vigencia de la ley de desbloqueo de listas sábana y el riesgo de aumentar los casos de lavado de dinero con fondos provenientes del narcotráfico.
El estudio del proyecto fue relegado al punto N° 16 del orden del día y ningún legislador pidió adelantar el tratamiento. La sesión se levantó en el punto N° 13.
No obstante, la proyectista, la diputada por el Dpto. Central Rocío Vallejo (Patria Querida), anunció que esta mañana, durante la sesión ordinaria, pedirá incluir de nuevo el tratamiento en las presentaciones sobre tablas. Indicó que el texto ya tiene dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación.
Vallejo recibió ayer a la mañana la visita del titular del Congreso senador Blas Llano (PLRA), quien dijo que le prometió su apoyo y el compromiso de convocar a la Cámara de Senadores durante el receso parlamentario (que se inicia este sábado 21) para sancionar el proyecto antes de la convocatoria a elecciones municipales (internas el 12 de julio y generales el 8 de noviembre de 2020). “Se complica el estudio. Hay muchos colegas que están por la aprobación y el resto por la postergación”, finalizó Vallejo.
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Plazo límite es marzo
Si Diputados no aprueba el proyecto en la fecha (última sesión del año), la ley de trazabilidad no se aplicará en las elecciones municipales y se aplazarán hasta las generales del 2023.
Solo si los diputados son presionados por la ciudadanía, podrían sesionar durante el receso para rever su postura. La propuesta ordena fijar la trazabilidad de fondos en campañas electorales, exige cuentas bancarias auditables, así como la declaración jurada de bienes de cada candidato en las internas partidarias. Agrega que la inexactitud o falsedad manifiesta será sancionada con la pérdida del cargo o la prohibición de volver a presentarse como candidato.