La diputada Rocío Vallejo (PPQ), proyectista de la norma, informó anoche que en la sesión extraordinaria de la fecha planteará realizar otra sesión extraordinaria para tratar como único punto el polémico proyecto de ley que endurece las sanciones y plantea la trazabilidad del financiamiento político.

El pleno resolvió ayer convocar en la fecha, a las 10:30, a sus colegas para tratar la situación del diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete), quien se encuentra privado de libertad en la cárcel de Viñas Cue y está acusado por supuesto lavado de dinero, narcotráfico y asociación criminal.

Luego del tratamiento de este punto, la diputada Vallejo planteará que se trate en otra extraordinaria el proyecto de ley que busca identificar el origen del dinero que utilizará cada candidato en las elecciones internas, atendiendo la vigencia de la ley de desbloqueo de listas y el riesgo de aumentar los casos de lavado de dinero con fondos provenientes del narcotráfico.

Si Diputados no aprueba el proyecto en la fecha, la ley de trazabilidad no se aplicará en las elecciones municipales y se aplazarán hasta las generales del 2023. Otra posibilidad aunque poco probable es que durante el receso parlamentario se reúna la Cámara.

La aprobación de la norma dependerá exclusivamente de la voluntad política. La propuesta ordena fijar la trazabilidad de fondos en campañas electorales, exige cuentas bancarias auditables, así como la declaración jurada de bienes de cada candidato en las internas partidarias, una sanción con la pérdida del cargo o la prohibición de volver a presentarse como candidato.