Escobar Gubo, de profesión abogado, está imputado con sus colegas Carlos Enrique Cabrera Méndez y Marcos David Sánchez Pérez porque el 4 de julio pasado habrían retirado unos pagarés depositados en una escribanía, haciéndose pasar por otras personas y falsificando sus firmas. La adulteración la habrían realizado dos personas no identificadas que acompañaron a los imputados, según el relato de la fiscala Cano.
El 28 de noviembre del 2017, Escobar Gubo, Cabrera Méndez y Sánchez Pérez, dirigentes de un movimiento estudiantil en la Facultad de Derecho UNA, firmaron un acuerdo político con otro sector y, para garantizar el cumplimiento del pacto, firmaron varios pagarés que totalizaron la suma de G. 280 millones.
Sin embargo, los ahora imputados no cumplieron con el acuerdo y además procedieron a retirar los pagarés “en connivencia con la escribana Emigdia Samudio”, según el escrito de imputación de la fiscala.
Como hubo incumplimiento del pacto, Miguel Aldo González, firmante del pagaré del otro movimiento estudiantil, fue a la escribanía para retirar el documento, pero se encontró con la sorpresa de que los papeles fueron retirados. Se percató además de que su firma y la de Enrique Daniel Quintana fueron falsificadas, por lo que denunció el hecho, siempre según el relato de la mencionada agente del Ministerio Público.
La fiscala ordenó una pericia caligráfica que confirmó que las rúbricas de González y de Quintana fueron falsificadas.
Ante los hechos, Cano sostiene que existen “indicios suficientes” para imputar a Escobar Gubo, Cabrera Méndez y Sánchez Pérez por los hechos punibles de “apropiación, producción de documentos no auténticos y abuso de identidad”. Pidió al juez penal de garantías la disposición de medidas alternativas a la prisión.
Con cargo diplomático gracias a la política
Escobar Gubo ingresó a la Cancillería mediante el Decreto 1214 del 1 de febrero de este año por el cual el presidente Mario Abdo Benítez ubicó a varios operadores políticos que le apoyaron en su campaña electoral, en el servicio exterior paraguayo, especialmente en consulados. Asimismo, dio por terminadas las funciones de políticos cartistas que fungían de diplomáticos.
El decreto generó numerosas críticas en su momento a Abdo Benítez por repetir la práctica de otorgar jugosos salarios a activistas políticos mediante la incorporación al servicio exterior.
Conforme al Decreto 1214, Escobar Gubo tiene el rango de “cónsul de primera clase”, con categoría D26. Según la planilla de sueldos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el militante colorado percibe G. 28.845.515 como sueldo y un subsidio de alquiler de G. 10.461.000, en total G. 39.306.515.
Políticos quieren ampliar cupos
Actualmente en el Congreso, varios políticos, entre ellos la senadora colorada Lilian Samaniego, están promoviendo el cambio de la Ley 1335/99, Diplomática y Consular, con la intención de ampliar los cupos para sus operadores en embajadas y consultados. Samaniego al mismo tiempo inició una campaña en contra del canciller Antonio Rivas Palacios al denunciar una situación crítica, según ella, en la administración del ministro de Relaciones Exteriores. El jueves último visitó al contralor general Camilo Benítez Aldana para pedirle que audite la gestión de Rivas Palacios y “evitar daños irreparables en contra del patrimonio del Estado”.