En el 2019, el Gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, usó intensamente las asistencias con los denominados gastos sociales, muy cuestionados por la discrecionalidad y falta de transparencia en el desembolso de ese dinero público, cuya fiscalización está vedada a la Contraloría General de la República.

Esa situación continuará en el 2020, dijeron ayer fuentes del Poder Ejecutivo. Como muestra, mencionemos que Itaipú Binacional se comprometió a fortalecer la Atención Primaria de la Salud (APS) en los departamentos de Concepción y San Pedro, zonas de influencia del EPP.

La hidroeléctrica anunció la construcción de 28 unidades de salud familiar con dinero de todos los paraguayos y que hasta el 2023 se ampliará la red de primer acceso a la salud. La inversión para erigir Unidades de Salud Familiar (USF) asciende a G. 8.800 millones.

En cuanto a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) citemos la fuerte presencia en los departamentos de Misiones, Itapúa, Caazapá y Ñeembucú. Un ejemplo. La hidroeléctrica entregó G. 8.651.521.000, que de acuerdo a los datos oficiales, es para la educación, la salud y la producción, solo en noviembre pasado.

Preocupación

El parlamentario del Mercosur Nelson Argaña (ANR, Añetete) había instado al Gobierno a utilizar los fondos sociales y ambientales de las binacionales Yacyretá e Itaipú solamente en gastos sociales y ambientales.

La propuesta es a causa de la mala utilización de los fondos sociales, sobre todo en la administración de la EBY, lado paraguayo, que encabeza el expresidente Nicanor Duarte Frutos, un “hombre escombro”, conforme alega Argaña en su nota dirigida al Parlasur.

Argaña, basándose en publicaciones de nuestro diario, refiere que Duarte Frutos y el presidente Mario Abdo Benítez utilizaron G. 500 millones en alquiler de vehículos y gastos en el Regimiento Escolta Presidencial. También señala el “derroche arbitrario” de dinero para pagar “publicidades periodísticas”.