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Juzgado federal del Brasil acepta denuncia de Fiscalía contra Cartes

Este artículo tiene 6 años de antigüedad
Un juez federal brasileño decidió ayer aceptar la denuncia presentada por la Fiscalía del vecino país contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes por sus vínculos con Darío Messer.
Un juez federal brasileño decidió ayer aceptar la denuncia presentada por la Fiscalía del vecino país contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes por sus vínculos con Darío Messer.Archivo, ABC Color

Un juez federal de Brasil admitió ayer la acusación contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes por “práctica de crímenes de pertenencia a una organización criminal” y su otrora “hermano del alma” Darío Messer. Junto a ellos serán juzgadas otras 17 personas, entre las que hay otros seis paraguayos: empresarios, cambistas y una abogada.

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El juez federal Marcelo Da Costa Bretas admitió ayer la denuncia de la fiscalía carioca contra unas 19 personas investigadas por el operativo “Patrón”, acusadas de evasión de divisas, lavado de dinero, organización criminal e integración de pandillas. El expresidente del Paraguay Horacio Manuel Cartes está acusado por los fiscales de “práctica de crímenes de pertenencia a una organización criminal”. Describen su responsabilidad como integrante de un núcleo político compuesto por empresarios, políticos y abogados que eran quienes tenían el poder y la influencia en el gobierno paraguayo para sostener las actividades de la organización criminal y su impunidad.

El juez Da Costa Bretas aceptó formalmente iniciar la acción penal, se declaró competente y subrayó que encuentra muchas pruebas que ya existían y otras nuevas que se complementan recíprocamente, las cuales facilitan la mejor comprensión de hechos ilícitos y confirmarían el modus operandi de lavado de dinero a nivel internacional.

Otros seis paraguayos

Quedaron formalmente procesados otros seis paraguayos: el empresario Felipe Cogorno Álvarez, acusado de lavado de activos, pertenencia a organización criminal y pertenencia al mismo nucleo político que tenía influencia en el gobierno y poder para mantener las actividades de la organización criminal y su impunidad. La abogada Leticia Bóbeda, exdefensora de Messer está acusada de pertenecer a la organización criminal y también de formar parte del núcleo político que ayudó a mantener las actividades de la organización criminal y su impunidad.

Los cambistas Lucas Lucio Mereles Paredes (Yrendague Cambios), José Fermín Valdez González y Edgar Ceferino Aranda Franco (ambos de Fe Cambios), Jorge Alberto Ojeda Segovia (alias Finolo, cambista acusado de operar por décadas con Messer) quedan también ya vinculados oficialmente a la causa que investiga el operativo Patrón que lleva adelante el equipo Lava Jato de Río de Janeiro. Roque Fabiano Silveira, el brasileño que lleva viviendo décadas en Paraguay, empresario del rubro tabacalero y uno de los que ocultó a Messer en la zona de Salto del Guairá también quedó formalmente vinculado a la causa.

El juez pidió ayer que se cite a los acusados y se los intime para presentar a sus defensores en un plazo de diez días, con sus correspondientes poderes.

Proceso por narcotráfico

Otro punto importante en la decisión del juez federal es que ordenó que se remitan los antecedentes de los supuestos vínculos con el narcotráfico de la familia Motta, encabezada por el empresario Antonio Joaquim Da Motta, a la Policía Federal de Ponta Porã.

El magistrado ordenó que se investigue en un proceso simultáneo el vínculo del clan asentado en la frontera entre Paraguay y Brasil con el crimen organizado y el lavado de dinero.

En Paraguay, la familia Motta es propietaria de las firmas Agropecuaria Da Mota, Agroganadera Aquidabán, Frigorífico Norte SA (Frigonorte) y Frinorte.

Durante el allanamiento a la casa de Antonio Joaquim Da Mota, la Policía Federal encontró documentos que prueban que en la hacienda “Buracao”, ubicada en nuestro país, había una pista de aviación que habría sido empleada para el tráfico de cocaína entre Bolivia y Paraguay. También aparecieron evidencias de pagos de supuestos sobornos a policías.

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