Remiten a prisión a supuesto sicario

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El comedor San Jorge de Cruce Kimex, en Itapúa, donde fue muerto Carlos Jorge Delvalle Lugo el 14 de setiembre de 2019.
El comedor San Jorge de Cruce Kimex, en Itapúa, donde fue muerto Carlos Jorge Delvalle Lugo el 14 de setiembre de 2019.

El juez itapuense Hugo Alberto Centurión Osorio decretó ayer la prisión preventiva del supuesto sicario Pascual Benítez Miranda, de 36 años de edad, capturado por la Policía el miércoles último en el municipio de Alto Verá.

Pascual Benítez Miranda ya se encuentra alojado en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de la ciudad de Cambyretã, que queda a menos de 10 kilómetros de Encarnación.

El supuesto sicario surge como uno de los autores materiales del asesinato del comerciante Carlos Jorge Delvalle Lugo, alias Carlos Gordo. Este fue acribillado el 14 de setiembre del año pasado en su comedor San Jorge, que funciona sobre la Ruta 6, en el Cruce Kimex, límite entre Itapúa y Alto Paraná.

Carlos Gordo había sido asesinado presuntamente por orden del edil departamental de Caazapá Benjamín Adaro Monzón. De hecho, el comerciante había denunciado días antes de su muerte que Adaro lo venía amenazando.

Supuestamente, Adaro quería obligar a Carlos Gordo a que se declarara culpable del ataque a tiros en la Junta Departamental de Caazapá, registrado el 8 de agosto de 2019. Al final, el propio Adaro ahora es señalado como ideólogo de ese hecho.

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El supuesto matón Pascual Benítez Miranda, además del crimen de Carlos Gordo, ya habría cometido otro atentado por orden de Adaro. Se trata de uno registrado en 2015 en Yuty, cuando resultó víctima el concejal departamental liberal de Caazapá Nelson Javier Vera Villar, el principal rival político del ahora encarcelado Adaro.

Pascual Benítez Miranda también venía siendo buscado por el asesinato de dos policías de Investigaciones de Caazapá. Los agentes murieron en 2016 al ser acribillados a tiros dentro de un colectivo en el que viajaban como pasajero Pascual Benítez Miranda y su padre, Matías Benítez.

Pascual había sido detenido en 2018 tras sufrir un accidente en moto.

Sin embargo, pese a los contundentes indicios en su contra, por el atentado contra el político liberal Nelson Vera y el asesinato de los dos policías, el sicario salió libre por orden de la jueza Lilian Beatriz Servián Melgarejo, una de las tantas funcionarias judiciales que supuestamente protegían a la red de Adaro en Caazapá.