El presidente Mario Abdo Benítez promulgó el 2 de enero pasado la Ley 6496 que modifica varios artículos de la Ley 6112/18 “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo”. La ley elimina el subsidio del 7% que el Estado aportaba a la Caja Legislativa, equivalentes a unos G. 3958 millones anuales. Sin embargo, en el artículo 7 se establece que los recursos del fondo serán los legados, donaciones y otros aportes previstos en el Presupuesto General de la Nación.
La diputada Kattya González anunció que este año planteará la inconstitucionalidad de la Ley 6496 porque es un absoluto despropósito. Sostiene que se está creando un ente por ley que entre comillas solo se va a solventar con el aporte privado, que no es privado, porque el salario de los diputados es público, indicó.
Añadió que la ley va a permitir que se pueda inyectar dinero público en el caso seguro de que la caja no sea sostenible, más aún viendo las acciones de inconstitucionalidad que ha hecho la Corte, donde diputados y senadores pasivos hoy están recibiendo salarios de parlamentarios activos. Según la diputada, esta situación rompe cualquier posibilidad de sustentabilidad de la Caja Parlamentaria.
“Acá la gran trampa está en que cada vez que la caja se desfonde, como ya ha ocurrido en más de una oportunidad, y creo que se han inyectado más de G. 104.000 millones para sustentar la caja, nuevamente lo hará, porque es insostenible por los números que se manejan, el poco tiempo de aporte y los años de vida promedio del pasivo de la caja”, indicó.
La iniciativa había partido de un grupo de senadores que propusieron cortar con el subsidio del Estado y en contrapartida cubrir los casi G. 4000 millones que anualmente se destinaban a la Caja Legislativa aumentando los aportes para los activos en un 2% y para los jubilados en un 11%.
Sobre el aumento del 2% del legislador, la diputada afirma que nunca se explica la fórmula de cómo se va a compensar ese 5% de diferencia con el 7% que se quita del Estado y el aumento del 2% del legislador. Reitera que no se eliminan los aportes extraordinarios que pueda hacer el Estado para dar sostenibilidad.