De acuerdo a los datos oficiales, hasta el 10 de enero pasado, 58 municipios presentaron sus respectivas rendiciones de cuentas de los aportes que reciben. Es decir, que apenas el 23% de los intendentes (hay unos 255 municipios) recién cumplieron con la disposición.
Los más atrasados son los gobernadores. De los 17 jefes departamentales, apenas dos entregaron su informe de utilización de recursos públicos y fueron el de Alto Paraguay, José Domingo Adorno Mazzacote (ANR, cartista), y de Ñeembucú, Luis Benítez Cuevas (ANR, cartista). (ver infografía).
El 16 de enero es el plazo que la Contraloría estableció para que las autoridades municipales y departamentales puedan entregar la rendición del uso de royalties, Fonacide y otras transferencias que recibieron en el 2019.
Los municipios y gobernaciones que no cumplan con lo establecido no recibirán los desembolsos correspondientes para este año 2020.
Desvíos
La semana pasada, la Fiscalía General del Estado anunció que “desempolvará” casos de supuestos desvíos del Fonacide de 68 intendencias y cuatro gobernaciones, que fueron “cajoneados” durante la administración de Javier Díaz Verón.
Las denuncias específicas contra los 68 intendentes y cuatro gobernadores por supuesto mal uso del dinero proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y royalties (Itaipú) llegaron a la Fiscalía General durante la administración de Díaz Verón (hoy acusado y con prisión domiciliaria), pero no fueron investigados.
Ni siquiera se había designado fiscales para que investiguen las inculpaciones. Eso quedó al descubierto ahora con una auditoría interna ordenada por la actual fiscal general, Sandra Quiñónez, a un año y diez meses de haber asumido el cargo (marzo de 2018).
Quiñónez señaló que dos casos ya llegaron a juicio oral y tienen condenas. Para todos los demás, la Fiscalía va a acusar y solicitar que sean llevados a juicio oral y público.
Indicios de tragadas en el Fonacide
Las denuncias que ingresaron a la fiscalía entre 2014, 2015 y 2016 –en su totalidad– no avanzaron debido a que Javier Díaz Verón las cajoneó para evitar que abran procesos contra los intendentes y gobernadores denunciados. Son estos casos los que van a ser impulsados por la administración de Quiñónez, para tratar de castigar a los culpables del despilfarro o robo de dinero entregado a través del Fonacide. En siete años, Fonacide desembolsó para intendencias y gobernaciones más de US$ 451 millones, y un informe de la Contraloría General de la República, divulgado en septiembre del 2019, señala que de ese monto llegaron a ser utilizados de forma irregular unos US$ 2.554.127.