Según informó ayer el Senado, este documento data del 18 de diciembre del año pasado y salió como resultado de las mesas de trabajo iniciadas en el marco del proyecto Movernos Seguro.

De acuerdo a los proyectistas, la propuesta legislativa busca crear una herramienta legislativa que sirva para que el Estado pueda responder, en coordinado esfuerzo con el sector privado y la ciudadanía, a las necesidades urgentes de salud que necesitan las víctimas.

En la exposición de motivos, los legisladores señalan que a fines de 2019 se registraron 2.313.843 vehículos en Paraguay, de los cuales 1.431.683 son motocicletas. Recalca que la iniciativa es respaldada por organismos internacionales como el BID y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

En el artículo N° 11 se señala que la administración del SOA estará a cargo de un “Grupo Coasegurador” y los modelos de seguro deberán ser aprobados por la Superintendencia de Seguros.

El proyecto no fija montos para el seguro obligatorio para vehículos. En su artículo 14 establece una cobertura en caso de muerte a 500 jornales mínimos vigentes (G. 42.170.000) y para el transporte público de pasajeros será el equivalente a 1.000 jornales (G. 84.340.000). Las cifras son similares para los casos de invalidez permanente y desciende en caso de invalidez parcial y hospitalización. Tiene puntos similares al cuestionado SOAT, que fue derogado en el 2014.