Bogarín, quien también en la misma causa representa al diputado Tomás Rivas, se presentó como defensor de Lucio Romero, uno de los acusados y pidió al tribunal que se suspenda el inicio del juicio oral y que se le otorgue copias del expediente a fin de interiorizarse del mismo y poder armar su estrategia de defensa.

El presidente del tribunal Carlos Hermosilla y los miembros Wilfrido Peralta y Héctor Fabián Escobar, se vieron obligados a suspender el juzgamiento y anunciaron que iban a cotejar sus otros casos, para fijar una nueva fecha para el juicio oral.

En este caso están acusados por cobro indebido de honorarios y estafa Lucio Romero, Nery Franco y Reinaldo Chaparro.

En el mismo proceso también está acusado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso el diputado Tomás Rivas.

El legislador debe presentarse el próximo lunes 10 de febrero para su audiencia preliminar ante el juez Raúl Florentín, quien debe definir si el legislador va junto a sus caseros a juicio oral.

Este caso de los caseros de oro se inició en mayo de 2018 cuando se presentó la imputación y ahora que se llegó a la etapa de juicio el abogado Jorge Bogarín, para trabar la prosecución del caso se presentó como defensor de Romero.

Esta es una maniobra meramente dilatoria para frenar el inicio del juicio oral. Bogarín es uno de los prestigiosos y más caros abogados del foro, lo que llama la atención cómo un humilde casero puede pagar sus honorarios.

Llamativamente, el día en que se debía iniciar el juicio contra los caseros de oro apareció el abogado Bogarín, solo para dilatar la marcha del proceso y es muy sugestivo que el mismo abogado del diputado Tomás Rivas, ahora también defiende a uno de los caseros.

Los caseros de Rivas

Este proceso se inició luego de denuncias periodísticas que señalaban que tres personas que figuraban como funcionarios de la Cámara de Diputados estaban cumpliendo labores particulares para el diputado Tomás Rivas.

Las investigaciones del caso las hizo el fiscal Luis Piñánez, quien llegó a comprobar que efectivamente Lucio Romero, Nery Chaparro y Reinaldo Chaparro figuraban como empleados de Diputados, pero en las horas en que tenían que estar en la Cámara, estaban trabajando en la casa del diputado Rivas, en Lambaré y otras dos ubicadas en la ciudad de Ybycuí.