Tres ministros de la Corte Suprema de Justicia decidieron inhibirse del análisis de la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República contra dos sentencias que hacen públicas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República.

El primero en hacerlo había sido Antonio Fretes, miembro original de la Sala Constitucional de la máxima instancia. Cuando se solicitó la ampliación al pleno de la Corte, siguieron sus pasos los ministros Luis Benítez Riera y César Garay Zuccolillo.

Estos tres decidieron apartarse debido a que sus declaraciones juradas forman parte de la solicitud de acceso a la información pública que generó el proceso judicial.

Además, se deberá cubrir la vacancia de Myriam Peña, quien se jubiló al cumplir los 75 años.

Un camarista confirmado hasta ahora

Hasta el momento, el camarista Óscar Augusto Paiva Valdovinos, del Tribunal de Apelación Civil, Primera Sala de Asunción, es el único que aceptó integrar la máxima instancia judicial para resolver la cuestión.

Es decir, que todavía quedan pendiente otros tres lugares para que finalmente la máxima instancia judicial emita una resolución definitiva a la cuestión.

Un año y medio de trabas

La acción de inconstitucionalidad fue promovida en julio del año 2018 por el excontralor Enrique García, contra las sentencias que aprobaron la divulgación de las declaraciones juradas de todas las autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo los ordenadores de gastos, desde 1998 hasta 2017.

El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien accionó judicialmente contra la determinación de la Contraloría de negarse a entregar los datos de bienes.

El Tribunal de Apelación, Primera Sala, ratificó el 7 de junio de 2018, la histórica sentencia con los votos de Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander Dans.

Mientras aseguraba estar a favor de la transparencia, el excontralor Enrique García presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la publicidad.

La Contraloría alegó que el amparo es inconstitucional porque no es la vía para acceder a las declaraciones juradas y fueron violados los artículos 256, por no fundar el fallo en la ley; 137 de la supremacía constitucional y 17, inciso 9, sobre la garantía procesal de que no se oponga en un proceso pruebas ilegales; así como el artículo 131 de las garantías que deben ser reglamentadas por ley.

Jiménez pidió celeridad

En la primera sesión del año de la Corte Suprema de Justicia, solicitó apurar la decisión sobre la acción de inconstitucionalidad.

Jiménez Rolón manifestó su preocupación por la dilación para la resolución del caso por lo que solicitó se notificara la decisión del pleno al secretario de la Sala Constitucional acerca de la necesidad de acelerar el proceso de integración de la Sala Constitucional y para que el mismo remitiera informes sobre la situación del expediente.

Jiménez celebró que el pleno haya aprobado su pedido para definir la acción de inconstitucionalidad que pone freno a la publicidad de las declaraciones juradas de las más altas autoridades.

“Es un tema de interés general que está teniendo una dilación importante (...) la propia justicia está procurando ahora que esto se resuelva cuanto antes, por eso el pleno de la Corte dispuso que se le dé el mayor dinamismo”, puntualizó.

Atendiendo la decisión de apurar la resolución del caso, Jiménez Rolón indicó que el colegiado completo de la máxima instancia judicial aprobó también la ampliación de la Sala Constitucional, de tal manera que la integren todos los ministros de la Corte Suprema.

En la sesión plenaria del miércoles último, la primera del año, el ministro Manuel Ramírez Candia sugirió que se impongan plazos claros para que el caso no se siga dilatando la resolución.

Por su parte, el ministro Alberto Martínez Simón dijo que espera que durante este mes se pueda emitir el fallo correspondiente atendiendo a la importancia del caso.

Contralor dijo estar a favor

En junio del año pasado, el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, urgió a la Corte Suprema de Justicia que resuelva el juicio cuya sentencia definirá si las declaraciones juradas de las altas autoridades y funcionarios del Gobierno son o no información de acceso público.

Afirmó estar a favor de que las declaraciones juradas de bienes sean públicas, pero en vista de que está pendiente el desenlace del amparo en el Poder Judicial, indicó que esperará que se expida la máxima instancia judicial.