La Comisión Permanente, integrada por senadores y diputados, resolvió en la víspera convocar a sesión extraordinaria del Senado para mañana desde las 9:00.
A pedido del senador Stephan Rasmussen (PPQ), el primer punto del orden del día será analizar las cuestionadas modificaciones introducidas en Cámara de Diputados a la ley vigente de Financiamiento Político.
El objetivo expresado por la mayoría sería rectificar y devolver con modificaciones a Diputados el malogrado proyecto de Control de Dinero Sucio en Internas, propuesta que fue “destrozada” el 4 de febrero último, mediante un acuerdo entre diputados cartistas y abdistas.
Posteriormente, el pleno de la comisión resolvió convocar a la Cámara de Diputados para el lunes a las 9:00. La diputada Rocío Vallejo (PPQ), redactora del proyecto original, pidió agendar como primer punto del orden del día el tratamiento en segunda vuelva de la ley de Financiamiento Político con la salvedad que será “ad referendum” de lo que decida el Senado este jueves.
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La diputada Kattya González (PEN), quien acudió como miembro suplente, urgió rectificar la propuesta de ley ante la “epidemia” de dinero ilícito que se inyecta en las campañas políticas y las instituciones.
Señaló que sus colegas diputados destrozaron la ley original y que se burlaron de la ciudadanía. “El dinero del narcotráfico compra voluntades y convierte a las campañas políticas en una gran lavandería”, remarcó.
En un principio, el proyecto de ley fue presentado para complementar la Ley de Desbloqueo de Lista Sabana que vuelve a las internas partidarias más individuales.
El objetivo era obligar a cada candidato, en forma personal, a tener una cuenta bancaria; presentar una declaración jurada de bienes y una rendición de ingresos y egresos de fondos en su campaña política.
Vallejo, en la sesión del 4 de febrero, aceptó modificar puntos objetados por partidos y el gremio bancario, pero los colorados rechazaron su versión y aprobaron un texto que incluso elimina el control de la Secretaria de prevención de lavado de dinero (Seprelad).
La ley vigente establece que cada movimiento interno solo debe rendir cuentas a su tribunal partidario.
Marzo es la fecha límite
El objetivo de la oposición es aprobar la versión original de la Ley de Trazabilidad de fondos electorales antes de marzo próximo, cuando el TSJE cierre las modificaciones al Código Electoral. La propuesta original busca modificar la ley de Financiamiento Político (Nº 4743/12) y su reglamentación (Nº 6167/18). Con la ley vigente, los movimientos solo rinden cuentas a su tribunal partidario que en la práctica no realiza control alguno.