El caso, varado desde hace año y medio

La acción de inconstitucionalidad fue promovida en julio del año 2018 por el entonces contralor Enrique García, contra las sentencias que aprobaron la divulgación de las declaraciones juradas de bienes de todas las autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo los ordenadores de gastos, desde 1998 hasta 2017.

El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien accionó judicialmente contra la determinación de la Contraloría de negarse a entregar los datos de bienes.

El Tribunal de Apelación, Primera Sala, ratificó el 7 de junio de 2018 la histórica sentencia con los votos de Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander Dans.

Mientras aseguraba estar a favor de la transparencia, el ahora excontralor Enrique García presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la divulgación.

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La Contraloría alegó que el amparo es inconstitucional porque no es la vía para acceder a las declaraciones juradas y fueron violados los artículos 256, por no fundar el fallo en la ley; 137 de la supremacía constitucional y 17, inciso 9, sobre la garantía procesal de que no se oponga en un proceso pruebas ilegales; así como el artículo 131 de las garantías que deben ser reglamentadas por ley.

Jiménez pidió celeridad

En la primera sesión del año de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Eugenio Jiménez Rolón pidió apurar la decisión sobre la acción de inconstitucionalidad.

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Manifestó su preocupación por la dilación para la resolución del caso, por lo que solicitó que se notificara la decisión del pleno al secretario de la Sala Constitucional acerca de la necesidad de acelerar el proceso de integración de la Sala Constitucional y para que remitiera informes sobre la situación del expediente.

“Es un tema de interés general que está teniendo una dilación importante”, refirió el ministro.

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