El diputado de Paraguarí pidió a los miembros de la comisión dilatar aún más el dictamen y hasta les sugirió que requieran el expediente judicial, a fin de verificar si la comunicación de desafuero está firme o no.

Los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales ignoraron la “estrategia” que intentó ejecutar Samaniego y firmaron en mayoría a favor del desafuero requerido por el juez Elio Rubén Ovelar ya en octubre del año pasado. El diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista), acusado por supuesto tráfico de influencias, no quiso firmar a favor del desafuero de su colega colorado.

Al término de la reunión, el titular de la citada comisión, Derlis Maidana (ANR, cartista) declaró a los periodistas que se resolvió recomendar al pleno el desafuero de Samaniego, en razón de que es un delito de acción penal privada, sin intervención de la Fiscalía y que prácticamente no afecta el espíritu de la Constitución Nacional con respecto a los fueros. “Consideramos que es un tema entre la denunciante y el colega y que la justicia defina”, indicó.

Sara Prieto Ozuna, entonces encargada del ingreso al estadio Defensores del Chaco, denunció al diputado por recibir maltrato verbal. El oficialista se molestó porque el lector de códigos no le leía su entrada a un partido de la Copa Libertadores entre Olimpia y Godoy Cruz de Argentina, en abril de 2019.

El abogado del diputado Samaniego, Carlos Villamayor, dijo que apelaron el pedido de desafuero porque no tienen conocimiento de los términos de la querella, ni tampoco si el juzgado aceptó o no la acusación. Además, cuáles fueron los hechos punibles por los cuales va a ser querellado su cliente, añadió. Insistió que sin la admisión de la querella, no existe una acusación firme y que el juez obró mal porque no les dio participación del expediente.

Agregó que el juez es esposo de la fiscala Marlene González, quien ya había investigado al diputado por una denuncia por supuesta malversación de G. 10.000 millones de cuando era intendente de Quyquyhó.