A fines de julio de 2019 se descubrió que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez encabezó una negociación secreta en torno a la Itaipú Binacional.

Este diálogo culminó en el denominado Acta Bilateral Entreguista que hizo tambalear al Poder Ejecutivo, ya que representaba una pérdida de US$ 400 millones para el Paraguay.

Ante la presión ciudadana, tomó intervención la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, quien dispuso que un equipo de fiscales haga una investigación sobre el caso.

Los fiscales Marcelo Pecci, Liliana Alcaraz y Sussy Riquelme iniciaron las pesquisas con las declaraciones del expresidente de la ANDE Pedro Ferreira y el ministro de Hacienda Benigno López.

El mismo equipo fiscal se constituyó en Mburuvicha Róga y la vicepresidencia de la República para tomar declaraciones al presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez. Este último fue salpicado debido al gestor “Joselo” Rodríguez, por lo que Velázquez acudió a la Cámara de Diputados para dar su versión del suceso.

El Parlamento también intervino y una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) concluyó el 20 de noviembre sus pesquisas y entregó a la Fiscalía 1.800 hojas y seis dictámenes con presuntos responsables. Sin embargo, todo eso, al parecer, quedó en el olvido.

Cuando es escándalo desapareció de los medios así como la amenaza de juicio político, la Fiscalía cajoneó la investigación y a ocho meses de haberse dado inicio a las pesquisas no se conocen qué diligencias se realizaron o cuál fue la conclusión.

Se llegó a saber el acta que se iba a firmar con el Brasil iba a perjudicar al Paraguay, pero hasta ahora no existe ninguna persona imputada.

El hecho solo se cobró el cargo de funcionarios menores del gobierno, a través de renuncias.