El proyecto de ley que declara estado de emergencia a causa del covid-19 y establece medidas fiscales, administrativas y financieras establece en sus artículos 41 al 44 que la Senac será la encargada de establecer los lineamientos en materia de transparencia y prevención de los hechos de corrupción.
Además, será la encargada de habilitar mecanismos para la recepción de denuncias sobre presuntos hechos de corrupción vinculados a la ejecución de proyectos y programas financiados con los fondos obtenidos por la ley.
En particular, la Senac deberá supervisar la ejecución de un préstamo de cerca de US$ 1.600 millones, pese a que este organismo no cuenta con la capacidad operativa para este trabajo.
Creada en 2012 a través de un decreto, la Senac actualmente no posee siquiera con una ley orgánica y tampoco un marco legal que regule los ámbitos de su funcionamiento.
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Como si esto no fuera suficiente, la institución cuenta con apenas 14 funcionarios, incluido el propio titular de la institución, Renée Fernández, según se desprende del Presupuesto General de la Nación.
Es decir, la Senac no tiene presupuesto ni recursos humanos que puedan controlar el uso de US$ 1.600 millones en un contexto de emergencia sanitaria.
Desde su creación, numerosos han sido los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Senac, puesto que ha recibido incontables denuncias sobre supuestos hechos de corrupción pero no se han conocido los resultados de la misma.
Tampoco se ha definido si su rol es de ente rector o de encargado de perseguir los hechos de corrupción.