Los senadores, que se reunirán hoy desde las 09:00, en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados por razones de espacio y seguridad sanitaria, tienen prevista una primera sesión con cinco puntos en el orden del día. Después llamarían a otra reunión extra para tratar y consensuar las diversas propuestas que existen sobre recorte salarial y ahorro.
Entre las iniciativas presentadas está la de los senadores liberales Blas Llano y Víctor Ríos, que pretenden establecer un tope de siete salarios mínimos, equivalente a G. 15.349.873, como el máximo que pueden percibir diputados, senadores, parlamentarios del Mercosur, además de directores de entes nacionales y binacionales. La medida sería transitoria, por el tiempo que dure la situación de emergencia declarada por el Gobierno nacional.
Entre tanto, el senador Patrick Kemper (Hagamos) propone una ley de vigencia temporal para descontar un 20% a los salarios más altos en las instituciones públicas y del 10% a los funcionarios que perciban más de cuatro salarios mínimos (G. 8.771.356). Por su parte, la bancada del Frente Guasu, liderado por la senadora Esperanza Martínez, plantea en su proyecto de emergencia, presentado antes que el del Poder Ejecutivo, una serie de medidas tanto dirigidas al sector económico como las que apuntan a la situación de las familias más necesitadas. Las medidas que impulsa este sector apuntan también a evitar el endeudamiento público, advirtiendo que a la larga este será nuevamente pagado por los trabajadores del país con sus impuestos.
Mientras, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis plantea un proyecto de ley para la reducción de altos salarios de funcionarios públicos, superiores a 5,5% salarios mínimos (unos G. 12 millones). A mayor salario, mayor porcentaje de descuento, pudiendo llegar hasta el 50% para quienes perciben más de G. 50 millones. De los descuentos, se excluyen al personal de blanco de los hospitales.
También se pondría a consideración un proyecto de ley presentado en julio del año pasado por senadores de distintas bancadas de la oposición “que prohíbe compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, limita la contratación de parientes y asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”.
Dada la diversidad de proyectos planteados, intentarían consensuar un proyecto único, para lo cual el plenario deberá constituirse en comisión.