La Corte realizó un llamado a licitación para la “contratación de servicio médico sanatorial integral” para sus funcionarios y los de todo el Poder Judicial, indicando en el mismo documento que el costo estimado de aquella prestación será de G. 318.240.000.000 por tres años y para unos 12.000 funcionarios más sus núcleos familiares.
La resolución N° 31 de la Corte Suprema de Justicia, del 31 de marzo de 2020, faculta a realizar la licitación para la contratación del servicio médico, y cuenta con la firma del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, además de las de los ministros María Carolina Llanes y Antonio Fretes. El concurso ya se encuentra en plena vigencia durante la crisis sanitaria existente debido al coronavirus.
Según consta en el llamado que actualmente está en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el multimillonario programa se encuentra en etapa de presentación de ofertas, plazo que culmina este 23 de abril.
La mayoría de las instituciones públicas –incluidas las que hasta hace poco eran intocables, las entidades binacionales– se vieron obligadas a recortar gastos superfluos tales como los escandalosos beneficios extras y también los millonarios sueldos de muchos funcionarios, postura que hasta el momento ni a los ministros de la Corte ni a funcionarios de la CSJ parece importar y, con la resolución, está muy lejos de imitar.
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Además, esto se produce en medio de un debate abierto sobre la supuesta planificación de aplicar una reforma del Estado, que es impulsada principalmente desde el Poder Ejecutivo y parte del Poder Legislativo, con la finalidad de recortar los gastos innecesarios y los exagerados sobresueldos que reciben miles de funcionarios del sector público.
Más fuerte golpea dicha decisión de la Corte Suprema de Justicia, de contratar un “seguro médico vip”, pues con este llamado están muy lejos de aplicar una moderación de los gastos.
Mientras tanto, el ciudadano común debe hacer malabares para sortear las restricciones y limitaciones para trabajar, a fin de sobrellevar el día a día y sobrevivir mientras dure esta ya extensa crisis sanitaria.
Además, la gente debe esforzarse para poder ser atendida en hospitales públicos, que en varios casos no están preparados para atender situaciones como las actuales por falta de equipos.
Contratación de seguro ya estaba presupuestada
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, explicó a través de ABC Cardinal que “esta licitación se convoca ahora, pero fue una cifra presupuestada en el presupuesto cuyo ejercicio arrancó el 2 de enero. Estos números ya se trabajaron”.
Según explicó el titular de la Corte, anteriormente los funcionarios del Poder Judicial tenían un tope de un millón de guaraníes para contratar seguro médico, pero que eso se bajó a G. 680.000.
Sin embargo, “en 2016 se decidió retirar esos fondos y se hizo una bolsa común para llamar a contratación de seguros plurianuales. Por eso se contrata cada tres años. Este año se va a contratar nuevamente”, señaló.
De acuerdo con lo manifestado por Martínez Simón, este seguro que se pretende contratar “cubre a doce mil funcionarios, con sus
cónyuges, hijos (hasta 22 años cumplidos), y con ellos se llega a cuarenta y cinco mil personas beneficiadas”.
Asimismo, Martínez Simón expuso que “hace unos años el Poder Judicial trató de asegurar a los funcionarios en el Instituto de Previsión Social (IPS), pero el ente le contestó a la Corte que no podían absorber la cantidad de funcionarios que tiene el Poder Judicial”.
La contratación del seguro médico trianual, según Martínez Simón, por G. 318.000 millones, “es una cuestión que la Corte no decidió sola, sino que pidió esta renovación y pasó por todos los ámbitos establecidos por la ley, y se le concedió”.