En la última reunión presencial de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, realizada en marzo, los líderes de bancada habían acordado tratar en un solo paquete los pedidos de intervenciones municipales.

La Cámara ya había blanqueado con el archivo de los pedidos de intervenciones a varios intendentes colorados y liberales, pese a la serie de irregularidades que fueron denunciadas por las juntas de cada municipio.

La principal falta de la mayoría de los intendentes municipales guarda relación con el uso de los royalties y Fonacide. Si los diputados nuevamente los salvan de una intervención del Ejecutivo, los intendentes serán premiados con la extensión de un año de mandato municipal y con el 40% de los recursos de los royalties para gastos corrientes, modificaciones aprobadas por el Congreso en el marco de la pandemia del covid-19.

En el caso del intendente de Concepción, Alejandro “Tati” Urbieta (PLRA), los ediles lo acusan de irregularidades como pedir un préstamo de G. 4.000 millones para “obras”, pero que se usaron en salarios y transferencias directas a comisiones vecinales.

Urbieta se encuentra imputado por supuesto desacato judicial por negarse a dar información pública. También está procesado por lesión de confianza y apropiación de descuentos salariales de aportes que no eran depositados.

El intendente de Pedro Juan Caballero, José C. Acevedo (PLRA), recurrió a la Corte para frenar su pedido de intervención municipal. Acevedo pide como medida cautelar que se pare el tratamiento en Diputados del pedido realizado por la Junta Municipal. La acción ya fue admitida y remitida a la Sala Constitucional de la Corte para su estudio, lo que no imposibilita el tratamiento en Diputados.

Los concejales municipales de Teniente Esteban Martínez acusan al intendente, Presentado Martínez (ANR), de un presunto faltante de G. 800 millones en su administración, mala utilización de los royalties, irregularidades en materia presupuestaria y en contratación de obras y servicios.

En el caso del intendente de Arroyito, Samuel González (ANR), el 7 de diciembre último, la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez admitía que la entidad tenía cajoneadas 68 denuncias contra intendentes y cuatro gobernadores por presunto mal uso de los fondos de Itaipú, entre ellas la del intendente de Arroyito.

En diciembre de 2019, ciudadanos del distrito de Arroyito habían solicitado la imputación del intendente municipal por el supuesto desvío de G. 545 millones en obras que no se realizaron.

En el caso del intendente de Azotey, Feliciano Arévalos, los concejales lo acusan de un daño patrimonial por supuestas sobrefacturaciones de obras con fondos de royalties y Fonacide, obras fantasmas que solo existirían en papeles, según las denuncias.

Aguardarán informe de intervención

El titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), no incluyó entre los puntos del orden del día el informe final de intervención del Ejecutivo a la Comuna de Benjamín Aceval, administrada por Óscar Duarte (PPQ).

La Junta Municipal había impulsado la intervención con denuncias de multas ambientales, malversación de fondos, irregularidades en la ejecución del Fonacide y falta de rendición en G. 300 millones en salud.

Mientras que el exintendente de Lambaré, Armando Gómez (PLRA, llanista), se salvó de una destitución de la Cámara al presentar su renuncia. El jefe comunal enfrenta imputaciones por varias irregularidades.