El titular del BCP defendió la carrera salarial y dijo que el ente hace 10 o 15 años está con un programa que busca además de la eficiencia, la eficacia.
Mencionó que el proyecto de ley (del senador cartista Sergio Godoy) les afecta negativamente en cuatro puntos como la publicidad, ya que la norma por la cual se rigen establece la publicación en medios de gran circulación del país y en aquellos que se vuelvan digitales. Asimismo, dijo que el límite de dos viajes por año también podría limitar la capacidad de incorporar experiencias, de asimilar nuevas ideas y generar oportunidades.
Con respecto al recorte de salarios, afirmó que podría generar un “efecto cascada” al interior del banco el hecho de que un superintendente gane muy próximo a la persona que está muy cercana en la jerarquía. Indicó que ello podría desmotivar en las decisiones económicas, aunque dijo entender la situación que vive el país por el covid-19.
Sobre el seguro médico privado, indicó que eliminar este beneficio para las altas autoridades, que significaría un ahorro de G. 40 millones anuales, según dijo, podría tener un efecto negativo en el incentivo para los funcionarios, como un aditivo en la atracción de este tipo de cargos en el banco. Añadió que los recortes no van a tener un impacto en el presupuesto del BCP, pero sí en el incentivo para funcionarios.
Propaganda estatal
La titular de la Senatur pidió a los diputados que la institución sea exceptuada de la norma con respecto al recorte de la propaganda. Argumentó que la actividad de la Secretaría Nacional de Turismo se va a ver afectada desde la interrupción de sus funciones, establecida en la Ley N° 1388 que crea la institución menciona en su artículo 2, inciso g, que deben diseñar y difundir en los medios de información del país local e internacional de todos los atractivos turísticos con que cuenta el país. Recordó que el año pasado el turismo receptivo generó más de US$ 490 millones, a pesar de la recesión económica y la epidemia del dengue. Indicó que cuentan con más de 250 posadas turísticas en más de 12 departamentos del país y que están involucradas micro y pequeñas empresas económicas.
Se excusó
La fiscala general del Estado Sandra Quiñónez informó que no asistiría a la reunión conjunta y que su parecer sobre el proyecto de ley enviaría por escrito, antes de que se emitan los dictámenes.