Quienes hicieron la citada demanda son los congresistas Rocío Vallejo, Sebastián Villarejo, Sebastián García, Carlos Rejala, Tito Ibarrola, Kattya González, Norma Camacho, Celeste Amarilla y Celso Kennedy.

La presentación se basa en el informe conclusivo que emitió la Contraloría General sobre dicha adquisición de productos, que en parte fue rechazada por el Ministerio de Salud. El citado organismo señaló que dicha licitación está “viciada en todas sus etapas”, que tiene numerosas incongruencias y concluyó que las firmas Imedic y Eurotec no debieron ser adjudicadas.

Según la denuncia de los diputados, la relevancia penal que podría tener aquella operación sería por lo siguiente: 1) no se cumplieron requisitos; 2) se omitió constancia de no haber presentado muestras; 3) se recomendó adjudicar porque las empresas cumplen con requisitos técnicos y legales, lo cual no condice con lo expuesto en el informe de la Contraloría General de la República.

En otro punto, los parlamentarios cuestionan que la firma del contrato de compra mediante licitación se produjo en fecha 3 de abril y que al 21 de mayo se sigue discutiendo sobre los artículos entregados muchísimo después de que se haya emitido la orden de compra.

Señala que por aquello se debe iniciar una investigación por parte del Ministerio Público, por la comisión de hechos punibles como producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, estafa del Código Penal, “debiendo analizarse las responsabilidades en su caso de los funcionarios intervinientes y los representantes de las empresas adjudicadas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA”.