Otra empresa de Ferreira aparece en licitación de IPS

Una empresa más del clan Ferreira se presentó a una licitación de más de G. 213.000 millones para provisión de medicamentos oncológicos para el Instituto de Previsión Social (IPS). Sacudido por el escándalo de los insumos chinos para Salud Pública, ahora recurre a otra firma.

El IPS tiene previsto destinar un total de G. 213.819 millones (unos US$ 34 millones) para la adquisición de medicamentos biológicos, biotecnológicos, oncológicos e inmunosupresores.
El IPS tiene previsto destinar un total de G. 213.819 millones (unos US$ 34 millones) para la adquisición de medicamentos biológicos, biotecnológicos, oncológicos e inmunosupresores.Archivo, ABC Color

El IPS tiene previsto destinar un total de G. 213.819 millones (unos US$ 34 millones) para la adquisición de medicamentos biológicos, biotecnológicos, oncológicos e inmunosupresores. Así lo revelan datos publicados en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en el llamado con el ID 367.573.

Entre los oferentes aparece la firma Distribuidora Importadora Multiactiva SA (DIMA SA), que ofertó la friolera de G. 22.251 millones (US$ 3,5 millones aproximadamente) por siete de los medicamentos requeridos por la previsional para el tratamiento de enfermedades delicadas como varios tipos de cáncer.

La presentación de ofertas se realizó el pasado 20 de mayo.

Según consta en la web de la DNCP, los representantes legales de DIMA SA son Olga Yolanda Maciel de Segovia; quien es vicedecana de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA); Roberto Antonio Varela, Héctor Amado Candia y María Belén Varela.

La firma ofreció a la previsional la provisión de bicalutamida, doxorrubicina, heparina de bajo peso molecular enoxaparina, erlotinib, everolimus, vinblastina y vinorelbina.

Sin embargo, de acuerdo a documentos a los que tuvo acceso ABC, DIMA no es titular de los registros sanitarios de ninguno de los productos que ofrece. Los permisos figuran a nombre de las empresas BAUEL TOP S.A. y KIREI PHARMA PARAGUAY S.A, ambas ligadas a Justo Ferreira, propietario de las empresas Insumos Médicos SA y Eurotec SA, que entregaron insumos de bioseguridad de cuestionable calidad al Ministerio de Salud Pública.

Kirei Pharma, por ejemplo, tiene como accionista a la empresa New Logistics SA, firma que el mismo Ferreira reconoció como de su propiedad.

Como si eso no fuera suficiente, tiene como directivos a Juan Carrón, Eusebio Retamozo González, Noemí Carolina Palacios, Gladys Mabel Scarpellini. Todos estos nombres aparecen como directivos de otras empresas del clan Ferreira.

Bauel Top SA, por su parte, tiene como representante legal a Juan José Cino Núñez, el mismo que figuraba ante Contrataciones Públicas como representante legal de Insumos Médicos SA, una de los dos empresas más importantes del grupo Ferreira.

Alejados del ruido

Imedic, la misma empresa que Ferreira utilizó para proveer insumos defectuosos a Salud Pública en el marco de la pandemia de coronavirus, era hasta el año pasado una de las mayores proveedoras del IPS.

Desde enero de 2015 hasta mediados de 2019 había recibido contratos por más de G. 254.000 millones con la previsional.

Sin embargo, hace semanas que se encuentra en el centro de la atención pública debido al contrato de G. 85.000 millones que le fue otorgado de forma irregular por el Ministerio de Salud Pública.

Para evitar que el ruido del reciente escándalo que ya fue denunciado ante la Fiscalía, ahora aparece otra empresa ligada al clan Ferreira.

Una más del esquema

Al igual que Imedic y Eurotec, las principales empresas de Ferreira, DIMA SA recibió millonarios contratos con instituciones públicas en el último lustro.

Según consta en Contrataciones Públicas, comenzó a recibir contratos con el Estado desde 2015. Siempre con las mismas instituciones: Ministerio de Salud Pública, el IPS y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.

Solo con esta empresa, el clan Ferreira facturó desde 2015 hasta finales de 2019 un total de G. 54.912 millones (unos US$ 9 millones) con el Estado, que se suman a los US$ 204 millones de Imedic y Eurotec.

Un esquema bien rubricado que sigue operando a pesar de las denuncias.

juan.lezcano@abc.com.py