“Se puso en riesgo la salud del personal de blanco destinado a la lucha contra el covid-19”, señala taxativamente una de las conclusiones del informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las compras realizadas por Petropar bajo la excusa de la emergencia sanitaria y durante la presidencia de la imputada Patricia Samudio.

El ente contralor dio a conocer ayer el informe final de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) en el que presentan media docena de observaciones con respecto a compras por G. 357 millones realizadas por Petropar en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Tapabocas vencidos...

Uno de los puntos más graves hace referencia a la compra de mascarillas tipo N95 que Petropar entregó como donación al Ministerio de Salud Pública,

Según el informe, los tapabocas habían vencido ya en diciembre de 2017, más de dos años antes de que la petrolera estatal las comprara de la empresa Solumedic SA.

Si bien las cajas de los tapabocas no tenían consignadas la fecha de vencimiento y de fabricación, se constató con la propia empresa brasileña proveedora que el lote ya se encontraba vencido. Lo peor es que en Petropar admitieron esos insumos defectuosos.

...y sobrefacturados

Los tapabocas no solo estaban vencidos, sino que se pagaron G. 39 millones de más, según el precio de referencia fijado por el propio Ministerio de Salud.

De acuerdo al informe de la Contraloría, se estima que hubo una sobrefacturación en las compras que en relación con los precios de referencia podría totalizar una diferencia de G. 101 millones.

La CGR señala que si bien las mascarillas y otros insumos pudieron haber sufrido variaciones de precios, no existe justificación para haber inflado la mayoría de ellos.

Inmunológicamente sobrefacturadas

Otro de los insumos en los que se encontraron pagos por encima del precio real fue en el agua tónica adquirida por Petropar y cuya compra Samudio defendió asegurando que tenía propiedades “inmunológicas” para hacer frente al coronavirus.

El ente contralor detectó que se pagaron alrededor de G. 19 millones de sobreprecio por la compra del agua tónica.

“Se privó de haber obtenido precios más ventajosos por un total aproximado de G. 62.649.200”, destaca una de las conclusiones del informe revelado ayer.

“APROVECHÓ LA PANDEMIA”

Patricia Samudio Torrás fue imputada por la fiscala Liliana Alcaraz bajo el cargo de lesión de confianza.

La extitular de Petropar resultó imputada junto con otras 21 personas, entre ellas 8 funcionarios dependientes de ella y 13 supuestos proveedores.

En la imputación fiscal por presunta lesión de confianza, la fiscala de Delitos Económicos indica que Samudio aprovechó “el justificativo de la excepcionalidad” que habilitaba a la institución pública a no someterse a requisitos, tales como la cantidad de oferentes y el tiempo en que deberán estos presentar sus respectivas ofertas, porque la compra fue directa, por la vía de la excepción debido a la crisis sanitaria.