Los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y José Agustín Fernández anularon ayer la resolución del juez penal de Garantías Rolando Duarte, quien el 30 de abril pasado otorgó el arresto domiciliario al extitular de la Dinac, procesado por supuesta lesión de confianza por la compra de barbijos por G. 120 millones.
La medida también afecta a los demás procesados: el gerente financiero de Dinac, Juan Carlos Turitich Báez; el coordinador de la Unidad Operativa de Contratación, Marcelo Ovelar; el administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi, Fernando José Gallardo de Brix, y la Lic. Luz María Chamorro Báez; todos con arresto.
El camarista José Waldir Servín argumentó que el magistrado no cumplió con el principio de igualdad de oportunidades, ya que ninguno de los fiscales del caso participaron de la audiencia de imposición de medidas.
Si bien Duarte se comunicó por teléfono con el fiscal Osmar Legal, el mismo tendría que haber sido convocado por el magistrado para argumentar la prisión preventiva que solicitó para los imputados.
Los camaristas indicaron al respecto que los fiscales pueden participar de la audiencia por vías telemáticas, pero cuando todas las partes están de acuerdo para que la diligencia sea por ese medio, que no ocurrió en este caso.
Los demás integrantes del tribunal se adhirieron a su voto y Fernández agregó que “resulta llamativo que en el acta del Juzgado Penal de Garantías figure que todas las audiencias se realizaron a las 13:00, cuando que son seis los procesados que comparecieron ante él ese día.
Nueva audiencia
Con lo resuelto en Cámara de Apelación, está vigente la orden de detención emanada por el Ministerio Público contra los procesados y se debe sortear un nuevo juez para realizar nuevamente la audiencia de imposición de medidas y analizar el pedido de prisión preventiva de los fiscales del caso, así como la solicitud de las defensas.
La investigación se inició luego de las publicaciones periodísticas que cuestionan la compra de tapabocas que realizó la Dinac, a G. 30.000 cada uno. El precio se debe supuestamente a que los barbijos son quirúrgicos, pero en la licitación aparecen con el código del tipo de mascarillas comunes.