En la plenaria del 12 de marzo del año pasado, el ministro Manuel Ramírez Candia, uno de los nuevos integrantes de la máxima instancia judicial, solicitó un informe sobre la asignación de los estacionamientos ubicados en el subsuelo del edificio de Sajonia. Alegó que le gustaría saber quiénes son los jueces y los funcionarios que tienen asignados un lugar.
“Soy del parecer de que eso hay que asignar a magistrados”, apuntó el ministro ante sus colegas. “Imagínense ustedes, un juez penal que tenga que resolver casos de mucha importancia que implican hechos de corrupción o hechos más graves, tenga que caminar tres o cuatro cuadras para acceder a su vehículo”, enfatizó.
El entonces presidente del alto tribunal, Jiménez Rolón, recordó al pleno que ya había planteado dicho pedido un día antes en la reunión del Consejo de Superintendencia que presidía e integraban sus colegas Luis María Benítez Riera y Gladys Bareiro de Módica, como vicepresidentes.
El planteamiento de los flamantes ministros, Ramírez Candia y Rolón, fue muy bien recibido por los magistrados, quienes creyeron que se iba a poner fin a la vieja práctica en el Poder Judicial, que consiste en otorgar un estacionamiento exclusivo en el Palacio de Justicia de Asunción a un relator o relatora u otros funcionarios apadrinados por los ministros o políticos.
Más de un año después de aquella promesa de priorizar a los jueces y no a los funcionarios protegidos, todo continúa exactamente igual. Los magistrados siguen siendo excluidos y tendrán que caminar las tres o cuatro cuadras para llegar al estacionamiento que tienen asignado y que está ubicado detrás del parque Carlos Antonio López, del barrio Sajonia.
Esto es así porque el 23 de enero pasado el Consejo de Administración Judicial, integrado por los ministros Jiménez Rolón, Benítez Riera y Bareiro de Módica, además de los consejeros Roberto Torres, Edwar Vittone (actual miembro del Tribunal de Cuentas), Luz Antúnez y Alberto Martínez Franco, rechazó la pretensión de una decena de jueces que solicitaron un estacionamiento en el Palacio de Justicia de Asunción.
Algunos magistrados incluso pidieron concretamente el lugar número 61, que quedó desocupado debido a que el juez Tadeo Fernández no fue confirmado en su cargo en el juzgado de garantías.
El estacionamiento que le correspondía a Fernández fue solicitado por su reemplazante, Yoan Pau López, como también por los jueces Humberto Otazú (de Delitos Económicos) y Clara Ruiz Díaz.
La lista de solicitantes sigue con los magistrados Ulises Peña, Helmut Fortlage Núñez, Hugo Garcete, Miguel Palacios, Greta Katherine Aquino y Wilfrido Peralta.
De acuerdo al acta número 63 del Consejo de Administración, sus miembros se reunieron el 12 de febrero pasado, para resolver entre otras cosas la asignación del estacionamiento número 61 del subsuelo 2 del Palacio de Justicia al gabinete de Jiménez Rolón, quien de esta forma se autoasignó este lugar, ya que el documento lleva su firma como la de su colega Benítez Riera y los consejeros Torres y Martínez Franco.
Esta decisión, muy criticada por los jueces, fue tomada cuando terminaba el mandato de Jiménez Rolón en la presidencia de la Corte.
Los ministros nuevos prometieron mucho cuando asumieron, pero hasta ahora es poco lo que hicieron para recuperar la credibilidad en la administración de justicia.
Decisiones contradictorias
El Consejo de Superintendencia integrado por Jiménez Rolón, Luis María Benítez Riera y Gladys Bareiro dictó resoluciones contradictorias respecto a la solicitud de algunos jueces de incorporar al patrimonio del Poder Judicial las donaciones hechas en las causas penales.
En el acta número 61 del 22 de enero de 2019 rechazaron el pedido de la jueza Lici Teresita Sánchez de incorporar un escáner. También la pretensión de la jueza María Teresa Ruiz Díaz de incluir en el patrimonio una impresora láser. El camarista Óscar Rodríguez Kennedy solicitó la incorporación de dos acondicionadores de aire y un ventilador. Se pidió con respecto a todo la opinión del Consejo Consultivo de Ética.
Sin embargo, el 23 de diciembre de 2019, el Consejo aceptó la donación de un escáner que ordenó la jueza Alicia Pedrozo en el marco de un proceso judicial.