El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, dijo el 31 de marzo pasado (20 días después de decretarse la cuarentena) que “le van a tener como adversario al Presidente de la República y vamos a llevar a las instancias jurídicas que sean necesarias, para que se cumplan las directivas que yo les remití a ambos directores de las dos binacionales”. Fue en respuesta a sindicalistas de los entes que amenazan con paralizar las hidroeléctricas.

Hoy hasta sus correligionarios de Añetete y Honor Colorado no acompañarán el recorte del gasto público que propuso el senador Sergio Godoy (ANR, cartista). El proyecto que elimina los gastos superfluos y privilegios de funcionarios figura en el segundo punto del orden del día de la sesión extra convocada hoy a las 08:30.

En Itaipú la asesora jurídica Magnolia Mendoza (esposa del senador abdista Silvio Ovelar) gana por mes un poco más de G. 100 millones. Los “sueldazos” se replican en ambos entes, donde son privilegiados operadores, amigos y familiares de políticos.

La comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados recomienda al pleno mantener el tope de G. 37 millones, tomando como referencia el salario del Presidente de la República, pero solo para funcionarios públicos con excepción de las binacionales.

La Comisión de Legislación de Diputados no solo mantiene el tope salarial, sino que al sueldo incorpora otros beneficios extras que perciben los funcionarios. La comisión de Cuentas mantiene y fija 17 salarios mínimos (37.278.263).

Por otro lado, las comisiones de Constitucionales, Presupuesto y Justicia y Trabajo eliminan el tope de hasta dos viajes por año al exterior para autoridades de los entes y sus comitivas y el tope para contratar hasta tres asesores. Constitucionales y otras comisiones eliminan de la “Ley Godoy” la prohibición de la participación de las multas que perciben funcionarios de Hacienda y Aduanas. Sin embargo, la comisión de Legislación recomienda al pleno el cobro del 40% en forma anual.

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Constitucionales y las otras comisiones establecen más excepciones a la publicidad estatal en medios de comunicación y cualquier otra forma de expresión audiovisual. Exceptúan de la prohibición a los Organismos y Entidades del Estado y a las binacionales ante situaciones de emergencia nacional tales como epidemias, catástrofes naturales, publicación de edictos, llamados a licitaciones y concursos de ofertas, difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concienciación, la salud pública, etc.