“La reforma es un debate contemporáneo donde hay que consensuar que la mejora debe darse en los sistemas estructurales de servicio del espacio público”, expresó el vicepresidente Hugo Velázquez.
Fue al responder a los cuestionamientos de sindicatos de estatales de contra del anteproyecto de ley del Servicio Civil presentado recientemente por el Poder Ejecutivo para su socialización con diferentes sectores del país, para su análisis en el marco de la reforma del Estado.
Calificó de positiva la reacción de los sindicatos ante el proyecto de ley de la función pública. “Es normal el debate y es sano escuchar y atender cada reclamo. Creo que todos en Paraguay estamos de acuerdo que el servicio público tiene que generar piel (sic) con la ciudadanía”, manifestó.
Afirmó que se debe construir una sinergia de confianza entre lo público y lo privado. “Esa confianza pasa por el quehacer público; contrataciones, reglas, procedimientos y normas que revelan la capacidad misma del Estado”, dijo.
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El plan del Ejecutivo tiene como finalidad crear una carrera civil para el funcionariado y eliminar la desigualdad salarial, estableciendo un criterio único para la determinación de las remuneraciones en los entes y organismos del Estado, lo que eliminaría privilegios históricamente establecidos en los contratos colectivos.
En uno de los enunciados se establece la prohibición de la cuestionada “doble remuneración”. El borrador en su artículo 14 dice que ningún funcionario público podrá percibir del Estado más de una remuneración, compensación, retribución o cualquier tipo de ingreso. Se exceptúan la docencia, la investigación y la salud.
Protestas y suspensión
Funcionarios afiliados al Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) se movilizaron días atrás para protestar en contra del anteproyecto de ley del Servicio Civil. Este grupo de sindicalistas, que se ha sumado a centrales obreras y otras organizaciones del sector público, está anunciando para el próximo lunes 22 de junio una movilización general en contra del mencionado plan, en medio de acusaciones al Gobierno de querer aprovechar la pandemia para tratar de “precarizar” la situación laboral en el sector. Los gremios solicitan suspender el análisis hasta el 2021.