La postura de la fiscalía de no abrir una investigación penal con base en la publicación de las declaraciones juradas generó todo tipo de críticas a la institución. La ciudadanía calificó de vendidos a los fiscales y los acusó de perseguir solo a la gente de escasos recursos.
En la edición de ayer de ABC impreso fueron publicadas las declaraciones de la fiscala de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz, quien afirmó que la sola divulgación de las DD.JJ. no puede motivar una intervención de oficio del Ministerio Público.
Alcaraz dijo que deben existir evidencias penalmente relevantes para que la Fiscalía pueda actuar de oficio e indagar un presunto enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.
“Porque tenemos jueces y fiscales corruptos y vendepatrias es que los políticos corruptos y funcionarios públicos se sienten protegidos”, señaló un lector identificado como Lucio Fretes.
Pedro Ismael preguntó: “Qué se puede esperar de la fiscalía, si no es más que una sucursal de corruptos”.
Para el doctor Roberto Correa Cuyer, la declaración jurada es suficiente para abrir un proceso penal.
Así más de 50 lectores cuestionaron al Ministerio Público. Solo uno apoyó la postura de la institución.
Las declaraciones juradas de ex y actuales altas autoridades revelan que tuvieron un llamativo enriquecimiento en la función pública.
Mesa de trabajo
Una mesa de trabajo entre la Fiscalía, la Subsecretaría de Tributación y la Contraloría General debe realizarse hoy para determinar el examen de las declaraciones juradas de funcionarios que son públicas ahora. La mesa estará encabezada por Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado.
El primer encuentro se realizó el jueves último y se anunció una mesa de trabajo prevista para hoy en la sede de la Fiscalía a las 8:00; la fiscala general, Sandra Quiñónez, liderará el encuentro.
El contralor general Camilo Benítez anunció ayer que participará del evento. El otro invitado es el viceministro de Tributación, Óscar Orué.
Por otro lado, la ciudadanía también critica la desidia de la Fiscalía para imputar a los implicados en el negociado del Ministerio de Salud para la provisión de insumos. Las autoridades de dicha cartera entregaron un adelanto de más de G. 17.000 millones al clan Ferreira, de las firmas Imedic y Eurotec, que fueron adjudicadas.