Un total de 4.703 declaraciones juradas de las más altas autoridades fueron publicadas hasta ayer a la noche por la Contraloría, en cumplimiento con la histórica sentencia de la Corte Suprema que ordenó liberar los documentos.
Sin embargo, no incluyó hasta el momento los documentos que deberían haber presentado los asesores que fueron nombrados por decreto durante el gobierno de Horacio Cartes.
Desde la Contraloría señalaron que no corresponde la publicación de esos documentos, debido a que la sentencia del Tribunal de Apelación no incluyó a los asesores entre los altos funcionarios enumerados y cuyas declaraciones juradas debían ser publicadas.
Sin embargo, en el pedido de acceso a la información pública planteada ya en 2017 por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano estaban incluidos taxativamente quienes ocuparon cargos de “ministros asesores del Poder Ejecutivo” entre 1998 y 2017.
Las sentencias judiciales hicieron lugar a lo pedido por nuestro compañero de trabajo, por lo que los documentos deberían ser publicados.
Uno de estos asesores era, por ejemplo, el diputado Basilio Núñez, quien fue asesor político de Cartes y que intentó frenar la sesión de la Corte que terminó con la orden de publicar los documentos.
También aparecen varios gerentes el grupo Cartes que fueron nombrados como asesores por el expresidente a través de un decreto poco después de llegar a la primera magistratura.
Mediante el Decreto 1265 nombró a siete consejeros. Francisco Barriocanal, gerente general de Bebidas del Paraguay; Carlos Cañete, extesorero del club Libertad cuando Cartes era presidente del club; Osvaldo Salum, director general de la Publicitaria Prana; Gustavo Galeano, directivo de las empresas del mandatario; Juan Carlos López y Luis Ramírez eran asesores económicos, mientras que Hugo Correa, director de Tecnología de la Información en Tabacos del Paraguay, lo asesorará en ese campo.
Si bien no percibían remuneración alguna, todos accedían a las reuniones del Consejo de Ministros.
El mismo contralor Camilo Benítez había firmado un dictamen en 2019 en el que señalaba que incluso sin percibir sueldo público, los designados por decreto y que podían acceder a información privilegiada debían presentar declaraciones juradas.