La iniciativa establece suspender la prisión preventiva por prisión domiciliaria para aquellas personas consideradas en el grupo de riesgo, como las que tienen más de 65 años de edad, que padezcan enfermedades crónicas; o se encuentren afectadas por movilidad reducida como consecuencia de una discapacidad. También se amplía a las mujeres embarazadas o con niños de hasta 3 años a su cargo y los que tengan penas de hasta 10 años. No incluyen a los condenados por hechos punibles cometidos contra la vida, la autonomía sexual, indemnidad sexual de menores de edad, violencia doméstica o violencia familiar o hechos punibles cometidos contra las mujeres por su condición de tales o grupos en situación de vulnerabilidad. En caso de incumplimiento se dispondrá la revocación inmediata y volverá a prisión. La propuesta pasa a la Cámara de Diputados.